Gremios ecuatorianos apoyan acción de Perú ante la Comunidad Andina para suspender la tasa aduanera

Representantes de gremios de Ecuador aseguran que la acción que inició el Gobierno de Perú ante la Comunidad Andina (CAN) para calificar de gravamen la tasa de control aduanera está en línea con lo que ellos han denunciado en los últimos meses.

Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), recordó que cerca de 70 gremios productivos del país publicaron el 1 de diciembre del 2017 un manifiesto en el que piden sea eliminada la tasa, pues sus condiciones “nada tienen que ver con un servicio y se ha incrementado un cobro injustificado a la ciudadanía”, afirmó Uquillas.

Perú, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, presentó el 11 de enero del 2018 un reclamo formal a la CAN para que sea catalogada de gravamen la tasa de 10 centavos.
Dicha tasa la creó el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae), para mejorar la infraestructura y servicios de la entidad en su lucha contra el contrabando y la defraudación fiscal. Su resolución se publicó el 8 de noviembre del 2017 y entró en vigencia cinco días después.

El país vecino ampara su reclamo en cuatro elementos fundamentales: el concepto, la tarifa, la fórmula y el techo máximo que deben pagar los importadores. Estos elementos, asegura, viola los artículos 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena, suscrito por ambos países.

La asesora de la CCG afirma que una vez iniciado el proceso de investigación, la Comunidad Andina pedirá explicaciones a Ecuador para justificar la medida.

“Pero no tiene explicación, ni relación directa con un servicio, eso demuestra que es un interés del Estado por aumentar la recaudación”.

Uquillas considera que una que finalice el proceso “es muy probable” que la CAN determine que se trata de un gravamen y establezca su invalidez.

Iván Ontaneda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), mira de forma positiva el proceso que se inició, pues el gremio también ha expuesto en varias ocasiones el riesgo que representan estas medidas de este tipo para las relaciones de Ecuador con sus principales socios comerciales.

Según el Banco Central de Ecuador (BCE), Perú es el principal destino andino de las exportaciones del país. Entre enero y noviembre del 2017, los envíos crecieron 40% con relación al mismo período del año 2016.

“Lo que está haciendo Perú es ratificar lo que el sector exportador en su momento advirtió al Frente Económico”, señala Ontaneda.

Espera por parte del Gobierno nacional un análisis “más serio y pragmático sobre la afectación real que hacen muchas decisiones mal tomadas por parte del Frente Económico”.

El analista Felipe Hurtado, socio de la consultora de riesgo político Profitas, asegura que si la investigación de la CAN determina que la tasa de 10 centavos no cumple con los requisitos para ser catalogada como tal, deba ser suspendida.

De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), los servicios que ameritan el cobro de una tasa son operaciones de descargue, estiba y desestiba, utilización de puertos y hangares, bodegajes y trámites concernientes al levante de las mercancías.

En estos casos, el gobierno de un país puede cobrar una tasa por servicio para recuperar los costos que asumen al facilitar las operaciones de importación.

Para Hurtado, la decisión de la CAN podría llevar a que otros socios comerciales, como Estados Unidos o la Unión Europea, impugnen la presencia de esta tasa “y el tema escale, incluso, a la Organización Mundial de Comercio”.

En ello coincide Uquillas y recuerda que tanto Estados Unidos como el bloque europeo han manifestado su preocupación ante la resolución aduanera de Ecuador.

El vocero de Profitas señala que este tipo de situaciones refuerzan la idea de que Ecuador no necesariamente es un socio comercial confiable.

El país ha impuesto medidas restrictivas a las importaciones en los últimos años. Entre ellas las salvaguardias establecidas en el 2009 y luego en 2015, además de timbres cambiarios con los países de la CAN, lo que ha generado tensión y malestar en la región.

“Esto ratifica esa visión de que el Gobierno sigue empeñado en establecer estas trabas para enfrentar el problema de que la balanza comercial se ha reducido y por lo tanto la presión sobre las cuentas externas existen y se buscan mecanismos para restringir importaciones”, finaliza Hurtado.

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