Entrevista a Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO
En estos días, la Fiscalía General ha revelado que necesita 400 nuevos investigadores. Pero tampoco tenía analistas en áreas especiales, como petróleo o contratación pública. Además, en áreas sensibles como violencia de género no hay suficientes peritos psicólogos.
¿La modernización de la justicia impulsada en la revolución ciudadana no llegó a la Fiscalía?
Hay avances significativos, evidenciables y medibles de lo que ha sido la transformación de la justicia en el país, que ubican a Ecuador como un referente regional de buenas prácticas judiciales. Esto es absolutamente objetivo, dicho y evaluado por estudios internacionales.
Entonces, ¿qué sucedió en la Fiscalía?
Se ha aumentado el número de fiscales de acuerdo con los pedidos que hizo la Fiscalía. El Fiscal General (Carlos Baca), a su llegada, ha hecho un análisis y ha solicitado al Consejo de la Judicatura que inicie el concurso para tener al menos 400 fiscales en los próximos tres años. Las contrataciones anteriores (de fiscales) fueron hechas con base en los pedidos realizados en su momento.
¿Lo que Ud. dice es que Judicatura esperaba pedidos de la Fiscalía para realizar contrataciones?
Nosotros hemos atendido los pedidos que se hicieron en su momento. Y ahora el fiscal Baca nos ha pedido que hagamos este concurso.
¿Falló la gestión?
Ahora tenemos los pedidos y actuamos en el marco de nuestra competencia.
Es decir, ¿en la administración anterior ya identificaron que había déficit de fiscales?
Se había detectado ese déficit de fiscales. El Fiscal General (anterior) nos pidió unos concursos específicos que llevamos a cabo, pero sin duda el déficit de fiscales estaba todavía presente.
¿Como Presidente de la Judicatura su papel no era presionar o ayudar a gestionar a la Fiscalía?
Las cifras (sobre la tasa de fiscales) siempre fueron públicas y al ser públicas se podían tomar las medidas de solución y pedir los concursos. Pero los concursos siempre se hacen con base en pedidos de cada institución.
Ahora resulta que hay más jueces que fiscales, pese a que el primer filtro, quien primero recibe la denuncia es justamente el fiscal.
Eso es normal, siempre hay más jueces que fiscales porque en esa cifra se incluyen a jueces de todas las materias penales y no penales. Pero una tasa óptima de fiscales es tener ocho por cada
100 000 habitantes. Nosotros tenemos una tasa de cinco.
La falta de fiscales no solo afecta a los grandes casos de corrupción, sino a la gente común. Los agentes no pueden indagar con agilidad.
Eso es lo que el fiscal Baca nos ha manifestado. Por eso vamos a aumentar el número de fiscales. Pero también debo mencionar que, de los casos que se judicializan, el Ecuador es un referente regional de justicia penal.
¿Qué puede hacer la Judicatura sobre la falta de peritos psicólogos y el aumento de denuncias por violencia psicológica?
Cuando la violencia psicológica se convirtió en un delito, se trasladó una gran cantidad de trabajo a la Fiscalía. La entidad tiene un presupuesto específico y un número de psicólogos que los ha ampliado. Pero frente a la demanda no es suficiente.
¿Con esto, la pata coja del sistema judicial termina siendo la Fiscalía?
La Fiscalía muestra avances importantes, pero sí requiere de recurso humanos para responder de mejor manera; hay que darle el presupuesto que viene del Ejecutivo y hay que darle fiscales que vienen de la Escuela de la Función Judicial.
La Fiscalía habla de “casos emblemáticos” en donde hay investigaciones por corrupción. Incluso creó una unidad especial para tramitarlos. ¿Por qué el país llegó a este nivel de corrupción?
El accionar de un puñado de malos funcionarios no contamina a los ecuatorianos. Entonces, no es ‘qué pasó en el país’. Los que hayan cometido actos irregulares tendrán que responder.
Un vicepresidente sentenciado y exministros procesados por los jueces.
Lo importante desde la perspectiva de la función que yo cumplo es que haya una institucionalidad que responda ágilmente a esas problemáticas sociales con debido proceso. Dando las garantías procesales a todos por igual. Que haya respuestas fundamentadas, públicas, motivadas y transparentes. Lo peor que le puede pasar a la sociedad es la impunidad y la violación al debido proceso. Y creo que la Función Judicial ha trabajado en esas dos direcciones correctamente, durante el 2017.
Su experiencia
Es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica. Tiene un PhD en Derecho Internacional en la Universidad Sorbona de París.
Su trayectoria
En el 2007 fue ministro de Justicia y en 2009, ministro de Gobierno.