El 5 de junio del 2020, la Corte Nacional de Justicia procesó al legislador Daniel Mendoza. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Los investigadores que tienen a su cargo el caso del Hospital de Pedernales buscan más pistas para aclarar esta trama de corrupción. La Fiscalía remitió, por ejemplo, a la Asamblea pedidos para que confirme si asignó o no vehículos, escolta y teléfonos celulares al exlegislador Daniel Mendoza y al parlamentario Eliseo Azuero.
La misma información se solicitó sobre Franco Romero, Freddy Alarcón, Washington Paredes, Rosa Verdezoto, Raúl Tello, María Mercedes Cuesta y Fernando Burbano.
Todos pertenecen a la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI).
La idea es ver qué tipo de comunicación hubo entre ellos. A mediados de julio se hizo pública la transcripción de las conversaciones mantenidas entre Azuero y Mendoza.
En una parte hablan de ‘Meche’ y dicen que ella envió a recoger un encargo. Este también se habría dejado en el departamento de alguien al que identifican como Franco.
En otro extracto, Azuero aparentemente dice que a algunos legisladores de su bancada les llegó “un cariño”.
Mañana, Mendoza ampliará su versión, pues al estallar el caso se habló de un supuesto reparto de hospitales en el país.
Por este hecho, la tarde de ayer se abrió una investigación previa por presunto tráfico de influencias, para conocer si hubo o no entrega de cargos públicos en el sistema de salud “a cambio de favores políticos”.
Los agentes también se apoyan en las aerolíneas. Se busca conocer los desplazamientos realizados por el asambleísta Paredes desde Galápagos, en donde reside, hasta Quito.
Este requerimiento se produjo luego de conocerse que él y el exdirector del Secob, René Tamayo, otro procesado en el caso Hospital de Pedernales, mantuvieron al menos una reunión en la capital. La intención es verificar si las fechas del vuelo y la cita coinciden.
Paredes reconoce que sí hubo el encuentro, pero que fue el año pasado y para hablar de una obra deportiva que estaba inconclusa en las islas. En entrevista con este Diario dice que allí Tamayo le pidió que le recomendara a alguien para un cago y que dio un nombre.
En su versión, el exdirector del Secob señala a tres parlamentarios, porque supuestamente pidieron cargos públicos en esa entidad y que los nombró según lo acordado.
En otro oficio, la Fiscalía se dirige a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para conocer los vehículos registrados a nombre de los legisladores y al Ministerio de Gobierno para saber si obtuvieron salvoconductos durante el estado de excepción por el covid-19.
El caso estalló precisamente en la emergencia sanitaria. De acuerdo con las pesquisas, en esos días, el asesor de Mendoza Jean Carlos Benavídez (detenido) se movilizaba en Manabí para retirar el dinero desviado del hospital manabita.
Las pesquisas advierten que otros procesados hacían lo mismo. Según el expediente, iban de agencia en agencia para retirar los fondos. Estos recorridos los ejecutaron en camionetas 4 X 4, pese a que en esos días había puestos de control por el coronavirus.
Las votaciones en las que interviene el bloque del BADI también son analizadas.
La hipótesis de la Fiscalía es que se pudo haber entregado dineros del hospital a legisladores a cambio de un apoyo a iniciativas. Pero Tello, por ejemplo, advierte que no actuó siempre en conjunto con su bancada parlamentaria.