Fiscal solicita acción disciplinaria en contra de los jueces que favorecieron a Alexis Mera

La fiscal Diana Salazar señaló que es por una supuesta negligencia ocurrida durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva, que presentó Alexis Mera. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La fiscal Diana Salazar señaló que es por una supuesta negligencia ocurrida durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva, que presentó Alexis Mera. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La fiscal Diana Salazar habló de una supuesta negligencia ocurrida durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva, que presentó Alexis Mera. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La Fiscalía General del Estado, la Procuraduría y la Contraloría presentaron este jueves 4 de julio del 2019 un requerimiento de acción disciplinaria al Consejo de la Judicatura, en contra de los jueces Edgar Flores y Luis Enríquez.

El motivo según la fiscal Diana Salazar, es por una supuesta negligencia ocurrida durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva, que presentó Alexis Mera, la noche de ayer, 3 de julio.

“Hemos puesto en conocimiento las actuaciones de dos jueces. De forma displicente dejaron con la palabra a la Fiscal General y no permitieron que se presente el recurso de ampliación y aclaración” dijo la Fiscal en una rueda de prensa.

Los magistrados levantaron la medida de prisión preventiva en contra del exsecretario jurídico porque consideraron que esta se aplica de forma excepcional y mencionaron que Mera ha colaborado con las autoridades.

Además justificaron su resolución según un análisis respecto a los estándares que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En lugar de prisión, Mera recibió medidas cautelares de prohibición de ausentarse del país, arresto domiciliario con vigilancia policial y el uso de grillete electrónico.

Hasta las 18:00 de este jueves 4 de julio, el exfuncionario se encuentra en la Cárcel 4 de Quito y espera ser trasladado hasta la ciudad de Guayaquil.

Él es investigado por un supuesto esquema de corrupción que habría operado para recoger aportes ilegales de contratistas del Estado. Estos aprotes se habrían usado para financiar a candidatos de Alianza País, en las elecciones del 2013.

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