Finanzas 'suspendió' temporalmente recorte presupuestario a universidades

Segín el Director del Instituto de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, esta universidad tiene cerca de 950 posgradistas que se forman en 24 programas de estudio. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Segín el Director del Instituto de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, esta universidad tiene cerca de 950 posgradistas que se forman en 24 programas de estudio. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El Ministerio de Finanzas aseguró que el recorte presupuestario a las universidades se suspendió. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El Ministerio de Finanzas informó que “suspendió” las acciones relacionadas con el recorte de algo más de USD 98 millones en el presupuesto de 32 universidades y escuelas politécnicas públicas, según consta en una circular emitida el jueves 21 de mayo del 2020 por esta entidad. Esto hasta que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie de forma definitiva sobre la decisión gubernamental adoptada en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19.

El martes 12 de mayo del 2020, nueve días antes de la respuesta de la Cartera, la Corte aceptó las medidas cautelares interpuestas por las instituciones y organizaciones sociales. Así, se dispuso que “las autoridades de Economía y Finanzas, así como las demás autoridades de la Función Ejecutiva que corresponda, suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior”.

“Este es un primer logro para la educación superior ecuatoriana y la sociedad a la que nos debemos. Gracias estudiantes, docentes, empleados y trabajadores que han sabido levantar la voz desde sus diferentes espacios. #NOalRecorte, Sí a la educación de calidad”, explicó Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca, por medio de su cuenta de red social Twitter.

Al año, esta institución educativa recibe USD 67,8 millones. De ellos, USD 52,8 millones son destinados a pagos para el personal: docentes y administrativos. El recorte del 10% -señaló el rector- iría sobre este último monto. Es decir, USD 5,5 millones menos para cancelar a los profesores, por lo que rechazó que se dé una disminución del presupuesto anual, más a mediados de semestre.

Ellos, por ejemplo, comenzaron el ciclo el 9 de marzo y finalizaba en junio. Hoy, debido a la emergencia sanitaria, tuvieron que extenderse hasta los últimos días de agosto. “Los docentes tuvieron que capacitarse para las clases en línea. Además se hicieron otras adecuaciones”, mencionó.

Y complementó que “ahora tenemos que esperar la decisión final de la Corte que se la tomará el próximo jueves 28 de mayo”.

En cadena nacional del viernes 23 de mayo del 2020, el presidente Lenín Moreno se refirió a esta decisión. Dijo que "todo el mundo debe poner el hombro en estas circunstancias tan especiales. No olvidemos que las universidades no han utilizado más allá del 85% de su presupuesto, así que el 15% ya se está dando por la falta de ejecución".

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, se pronunció ese viernes sobre el tema en una entrevista otorgada a Telediario. Ahí comentó que respetarán el dictamen de la Corte Constitucional. “Vamos a plantear nuestros argumentos. Hay reglas y están relacionadas con los ingresos del Gobierno y estos van a disminuir. La realidad es diferente y lo vamos a plantear en la discusión”.

Además mencionó que debe haber “eficiencia en el uso de los recursos”, por lo que hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que convoquen a los rectores y den muestra de esa eficiencia. "Hay algunas que son bien eficientes pero otras pueden mejorar la ejecución en recursos en investigación..."

“No es que nosotros no ejecutamos. Lo que sucede es que no se entregan (los montos) a tiempo a las universidades”, replicó Vanegas, como lo ha dicho ya el rector de la U. Central, Fernando Sempértegui.

Los recursos -relató- son entregados en el último trimestre, por lo que no se alcanza a ejecutarlos completamente. A esto se suma que tienen proyectos para varios meses, por lo que no pueden desembolsar todo. Un ejemplo, dijo, es la construcción de un edificio de aulas.

Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato y presidente de la Asamblea de la Educación Superior, coincide con su par. Él señala que cuando abren una maestría no se puede ejecutar todos los fondos en un solo año, ya que los ciclos están programados para dos o tres años. “No podemos cancelar sueldos para dos años; se lo hace de acuerdo a las clases que imparten los educadores, por lo que no se puede hablar de una subejecución”.

Naranjo también complementó que, si bien es cierto, el Ministerio de Finanzas emitió este documento, aún no se restituyen los valores. El presupuesto anual de esta universidad es de USD 40 millones y tendría una disminución del 10%, mencionó. Recordó que la Constitución en su artículo 165 dice que ni en estado de excepción se pueden tocar los recursos destinados a educación y salud. Las universidades están trabajando en la modalidad virtual, por lo que muchas han debido destinar recursos a proveer de Internet y de tabletas a un grupo de estudiantes de los quintiles más bajos.

La Corte Constitucional se pronunciará el jueves 28 de mayo del 2020 sobre este tema. Para la audiencia se convocarán a los demandados: presidente Moreno, el ministro de Finanzas, Richard Martínez y los representantes de la Procuraduría General del Estado. Además, deberán asistir los ciudadanos que ingresaron ‘amicus curiae’ dentro de este proceso, entre ellos el Rector de la Central.

La entidad, en total, recibió tres demandas de incumplimiento de sentencias y una por incumplimiento de normas o actos administrativos, en contra de la resolución de Finanzas.

Las medidas cautelares otorgadas corresponden a la acción presentada por Santiago Machuca, de la U. Central; Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. A esta causa se sumaron la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Fundación Pakyta, Grupo Rescate Escolar y otras agrupaciones de la sociedad civil.

La Corte también emitió una resolución, con fecha del viernes 22 de mayo del 2020. En este documento recordó que la "Constitución establece como un deber primordial garantizar, sin discriminación, el derecho a la educación y considera que es “un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal…”. Tan importante es este derecho que, en estado de excepción, se puede utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto los establecidos en la Constitución".

Suplementos digitales