Los abogados quieren que se devuelvan las medidas cautelares para que Villavicencio y Jimenez puedan tener libre movilidad. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
Los abogados de Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez acudieron este 3 de julio de 2017, a la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Ahí se llevó a cabo la audiencia para resolver el pedido de hábeas corpus a su favor.
Sin embargo, los jueces suspendieron la audiencia. El veredicto se informará “oportunamente” a los casilleros de sus abogados. Julio Cesar Sarango y Ramiro Román, los defensores, esperaban que la acción se resuelva esta misma tarde.
Sarango cuestionó que no se lo haga inmediatamente y de forma oral, “¿a quién tienen que ir a consultar los jueces?”. Lo mismo opinó la esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz.
Esta solicitud se enmarca dentro del proceso por presunto hackeo que inició la Fiscalía en su contra. La defensa insistió en que no se ha respetado el debido proceso ni la ley.
Sarango y Román reiteraron que la acusación se hizo bajo un tipo punitivo, del Código Penal anterior, de divulgación de información comercial o industrial. Bajo esta figura, el juez Jorge Blum dictaminó que no se requerían medidas cautelares privativas de la libertad, pues la pena por dicho delito no superaba el año.
Solo se impuso una prohibición de salida del país y la obligación de presentarse ante la autoridad cada 15 días. Pero dentro del mismo proceso después se cambió la figura de acusación, por la de violación a la intimidad familiar y personal.
En ese caso, la pena privativa va de tres a seis años. Blum dictó entonces la prisión preventiva. Además, siete meses después de iniciado el proceso, el mismo juez se excusó porque no era competente para tratar el caso, ya que argumentó que uno de los abogados dentro del proceso era su familiar
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Por esto la defensa cuestiona la dilatación del proceso “¿quién nos responde por esos siete meses?” y “¿por qué el juez Blum esperó tanto tiempo para excusarse?”. Esas fueron las preguntas que planteó Sarango.
Los abogados quieren que se devuelvan las medidas cautelares para que Villavicencio y Jimenez puedan tener libre movilidad, ya que previamente nunca incumplieron las medidas sustitutivas.
Jimenez está nuevamente en la clandestinidad y Villavicencio se refugió en Perú, dónde está solicitando asilo político.