Los veedores ciudadanos presentaron un informe de su observación al proceso de titulación con examen complexivo del período 2015-2016 en Economía, en la Universidad Central. Lo hicieron ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Un grupo de veedores ciudadanos, en su mayoría exestudiantes de la Universidad Central del Ecuador, presentaron un informe de su observación al proceso de titulación con examen complexivo del período 2015-2016. Lo hicieron ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), este martes 11 de septiembre del 2018.
Roger Vallejo, coordinador de la veeduría, conformada por siete personas, señaló que en el proceso que arrancó el 23 de agosto del 2017 y culminó la misma fecha de este año, se analizaron cerca de 908 casos de egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, que optaron por el examen complexivo para su titulación. De ellos 210 presentarían “presuntas irregularidades en el proceso de titulación, halladas en la planificación, organización, ejecución y publicación de resultados”. Además “en la emisión y registro de título”.
Los veedores entregaron el informe con 197 páginas y más de 3 000 hojas de anexos. El Consejo deberá emitir un informe de acompañamiento, que tomaría cuatro días y un informe jurídico, explicó Vallejo. Luego de ello el pleno del Consejo tendrá que analizar si investiga más a fondo y si existen indicios de responsabilidad en esos casos.
Vallejo enfatizó en que “la falta de transparencia en la universidad y la resistencia a la hora de facilitar la información”, fue lo que más les preocupó. Se busca que se confirme o no lo dicho en el informe y se establezcan las sanciones pertinentes.
Por su lado, Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central, dio una respuesta a este proceso explicando que hace un año recibió un denuncia interna de supuestas irregularidades en la titulación vía examen complexivo de los años 2014 al 2016. Recalcó que este proceso de titulación fue extraordinario y convocado por el Consejo de Educación Superior (CES) como una oportunidad, para que egresados de años anteriores puedan titularse. La convocatoria fue masiva.
Tras recibir esa denuncia, señaló, que se dispuso una auditoria interna y se nombró una comisión que fue responsable de emitir un informe sobre esos procesos. El documento fue entregado a la Comisión Jurídica del Consejo Universitario y a su vez se remitió un informe al Consejo de la Universidad. Tras este procedimiento, el 6 de agosto se anularon más de 160 títulos por no tener los respaldos correspondientes.
A su vez, Sampértegui, indicó que se abrió un expediente administrativo para determinar responsabilidades. Así el pasado 17 de agosto se sancionó a tres personas. Hubo dos destituciones y una suspensión temporal.
Referente a la resistencia a entregar la información, que denuncian los veedores, expresó que cuando solicitaron la veeduría, la universidad entendió que se trataba de una auditoría académica, la cual solo puede emprender el CES -explió- por ello defendieron ese argumento. Los veedores emprendieron una demanda por falta de transparencia en la entrega de la información, la cual falló a su favor. De esta manera, la UCE procedió a entregar la documentación solicitada para la veeduría.
“Nosotros como universidad tenemos nuestros propios procesos para establecer si los títulos se han emitido regularmente o no. Pero si ellos tienen un informe detallado, que espero que nos hagan llegar, veremos sus argumentos, razones y por supuesto las examinaremos dentro del contexto de la Ley que tenemos que respetar. Si amerita algún examen lo haremos internamente”, señaló el Rector.