Cada semestre, las clínicas de la Facultad de Odontología atienden a 30 000 usuarios. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
El sonido estridente de tornos dentales se extendía como un zumbido en una de las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil.
En el cubículo 37, Mishell Jara y Nataly Paz practicaban una endodoncia. Están por acabar la carrera, pero antes deben sumar 15 pacientes. Odontología también debe completar requisitos para acreditarse. Ha pasado por dos intentos sin conseguirlo y ahora atraviesa un tercer proceso. “En el 2013 obtuvimos 3 sobre 10; en el 2016, 5 sobre 10”, señala el decano, Fernando Franco.
Como las demás universidades y politécnicas del país, la U. de Guayaquil -con 73 511 alumnos- afrontará desde el 16 de septiembre la evaluación externa, con fines de acreditación del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces).
Debido a la intervención, el rector Roberto Passailaigue reconoce que recibieron la propuesta de aplazar esta evaluación. No cree que aprueben, pero asegura que los resultados serán la línea base para emprender mejoras. “Hay problemas que vienen desde el 2012. El 80% de la labor diaria se va en atender casos represados y problemas generados por grupos minúsculos”, dice.
Desde octubre del 2018, la universidad recibe acompañamiento por segunda ocasión. La primera intervención fue en el 2013, poco después de que cayera de la categoría B a la D, la más baja del sistema de evaluación de ese entonces.
Casi al cierre de ese proceso, se anunció su retorno a la categoría B.
Passailaigue cuestiona ese resultado, porque luego de recibirlo tres facultades no han logrado acreditarse. A más de Odontología, Medicina ha pasado por cuatro procesos y Jurisprudencia por uno.
“En este año fueron evaluadas y no acreditaron. En la parte académica no alcanzó el puntaje requerido, tampoco la nota de la evaluación terminal de los estudiantes”.
Pero dirigentes de estudiantes y de docentes creen que la acreditación también es una prueba para los 10 meses de intervención. Jean Carlos Intriago, de la Asociación Escuela de Medicina, dice que tienen lo necesario para acreditar.
En Ciencias Médicas hay un instituto de prácticas, equipado con simuladores. Anteriores administraciones también adquirieron mesas de disección virtual y las mallas curriculares fueron rediseñadas.
“Vamos por buen camino para la evaluación, pero tememos que estos atentados terroristas desacrediten a nuestra carrera y sea cerrada. Eso -opina- es quizá, lo que se busca”.
Desde febrero, la universidad ha sido blanco de seis ataques con explosivos. El último y más destructivo fue el del jueves, atrás del Rectorado. Y
la Fiscalía informó que sus autores serían personas externas.
Camilo Morán, docente de Medicina, aclara que la violencia no surge de la comunidad universitaria. Antes -afirma- había grupos armados que los gobiernos de turno metían para crear caos, pero nunca hubo bombazos. Esto es un proceso para desprestigiarla.
Morán también cuestiona los avances de la intervención. Dice que son pocos los adelantos para los profesores, que no ha mejorado la investigación y que ofertas como la recuperación del Hospital Universitario no se han concretado.
Passailaigue aclara que avanzan según el cronograma presentado al Consejo de Educación Superior (CES). Explica que han reestructurado las mallas curriculares en las 18 facultades, los problemas de titulación han sido resueltos y los docentes tienen titulación acorde con las carreras.
También indica que ampliaron de seis a 22 los programas de posgrado; y han abierto 20 procesos por denuncias de alumnos, que terminaron con la separación de 15 profesores.
Sin embargo, reconoce que el progreso es lento en investigación, porque la universidad no cuenta con líneas claras; tampoco con presupuesto. El rubro para gastos corrientes de este año es de USD 157 millones. Según el Rector, el 95% se destina a pago de salarios. Mientras que de los USD 18 millones para inversión solo han recibido USD 150 000.
En Odontología, el decano Franco explica que solo para equipamiento necesitan USD 2,5 millones. Para acreditar, la Facultad requiere implementar laboratorios para prácticas de morfología dentaria, anatomía y de simulación.