La alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri, dispuso colocar camionetas del Municipio en la pista del Aeropuerto para impedir el ingreso de aviones en la urbe porteña, por el elevado número de contagios del covid-19 en esa ciudad. Foto: Twitter Fiscalía Ecuador
La toma de la pista del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, ordenada por la alcaldesa Cynthia Viteri la tarde del 18 de marzo del 2020 para impedir el aterrizaje de un vuelo proveniente de Madrid, tiene repercusiones internacionales.
El eurodiputado José Ramón Bauzá calificó de “cobarde e irresponsable” lo hecho por la Alcaldesa de Guayaquil, “impropio del noble pueblo ecuatoriano”, y exigió medidas a la Comisión Europea, institución que ostenta el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa en la Unión Europea.
En una carta remitida a Josep Borrell Fontelles, vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el europarlamentario Bauzá pidió que se precisen qué medidas piensan tomar para exigir “responsabilidades a las autoridades ecuatorianas”. El eurodipitado también demandó respuesta respecto a qué medidas piensan adoptar en la Comisión Europea para evitar casos similares y que se ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos europeos.
La carta fue difundida en la cuenta de Twitter de Bauzá, este jueves 19 de marzo del 2020, precedida por este mensaje. “Cuando la tragedia sacudió Ecuador en (el terremoto del) 2016, España no dudó en ayudar a un país hermano en un momento de necesidad. Hoy mismo le exijo a Josep Borrell que la UE responda ante este acto cobarde e irresponsable de la alcaldesa de Guayaquil, impropio del noble pueblo ecuatoriano”.
La tarde del miércoles 18 de marzo, vehículos del Municipio de Guayaquil se tomaron la pista, para impedir el aterrizaje de aeronaves. Por ello, un vuelo de Avianca proveniente de Galápagos con pasajeros revisados por la autoridad de salud tuvo que aterrizar en Quito.
Asimismo, un vuelo de Iberia proveniente de Madrid, sin pasajeros, tuvo que forzar su itinerario para realizar un aterrizaje en Quito. La nave había recibido permisos de la autoridad nacional de aviación para recoger en Guayaquil a 200 pasajeros que tenían previsto viajar a Madrid, debido a que Ecuador no ha suspendido las salidas internacionales desde sus aeropuertos, para personas que necesiten regresar a sus países o salir del país. El avión llegó a Quito con sus 11 tripulantes y desde allí despegó a Madrid.
De igual forma, un vuelo de KLM procedente de Amsterdam debió arribar a Quito vacío y sacó a otros pasajeros con destinos internacionales.
La alcaldesa Cynthia Viteri, en entrevista con Ecuavisa la mañana de este jueves 19 de marzo, reiteró su discurso de la víspera de “defensa de la ciudad”.
El eurodiputado Bauzá ha señalado en su carta que lo hecho en la pista del aeropuerto internacional de Guayaquil por Viteri en el aeropuerto tiene “una clara motivación populista y xenófoba”.
Según la Constitución de Ecuador (art. 261), el Estado central tiene “competencias exclusivas sobre” los “aeropuertos”.
El embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán, cuestionó la toma de la pista del aeropuerto internacional con vehículos municipales dispuesta por la alcaldesa Viteri. “La decisión de la autoridad seccional de Guayaquil difiere completamente de la política del Gobierno Nacional, que pide que en estos momentos tan difíciles, impere la prudencia y atención a las disposiciones de las Autoridades Sanitarias”, se publicó en la cuenta de Twitter de la Embajada en Madrid.
Tras la toma de la pista del aeropuerto internacional de Guayaquil, la Fiscalía ecuatoriana informó que ha abierto una indagación previa, para determinar si se incurrió en un delito penal por los hechos suscitados la tarde de este 18 de marzo en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo.
“Hagan lo que quieran, enjuiciemen como les de la gana, ayer ya me llamó la Policía, hagan lo que quieran conmigo; mientras yo esté aquí, aquí no entran de otros países y sobre todo europeos lamentablemente donde hay la pandemia más fuerte”, dijo Viteri este 19 de marzo.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP, artículo 346) tipifica como delito la paralización de un servicio público: “La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.