Simpatizantes de Justicia Social se han concentrado desde el 16 de noviembre en la sede del CNE, en Quito, para pedir la inscripción de su candidato presidencia. Foto: Andrés García / EL COMERCIO
El movimiento Justicia Social intenta inscribir, por primera vez desde su creación, un candidato para la Presidencia de la República, de cara a los comicios generales del 2021.
La organización de ámbito nacional, que dispone del número 11 en el listado nacional, fue aprobada el 13 de noviembre de 2017, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en ese entonces dirigido por Nubia Villacís.
Aunque tiene una corta vida política, ha estado en la palestra de la opinión pública por varios sucesos que han marcado su corta historia.
El creador del movimiento, Jimmy Salazar, fue presidente del Colegio de Abogados del Guayas en 2012; reelecto en 2015 y 2017. Fue candidato a prefecto en las pasadas elecciones, pero apenas obtuvo el 1,75% de los sufragios de los electores de la provincia con más electores del país: Guayas.
Justamente Salazar empujó la creación de su movimiento político junto a su esposa Pamela Martínez, sentenciada por el caso Sobornos 2012-2016. Por este caso, Salazar deslindó responsabilidades.
Ese escenario ocasionó que el expresidente del Colegio de Abogados adoptara un “perfil bajo” tras las seccionales del 2019.
Ello se ahondó a inicios de este 2020, una vez que la Fiscalía anunció la investigación por un presunto tráfico de influencias por el alquiler de oficinas para la Corte Constitucional en Guayaquil. Esto ocurrió en la sede del Colegio de Abogados de Guayas.
Sin embargo, su figura volvió al escenario político en el marco de la inscripción de candidaturas. Justicia Social había seleccionado a Fabricio Correa como su candidato presidencial, pero renunció antes de las inscripciones oficiales aduciendo que se había removido al entonces director nacional: Manuel Castilla.
Tras ese escenario, Salazar reapareció como vocero de la agrupación y anunció que una de las precandidaturas para reemplazar a Correa sería Carlos Cassanello. No obstante, días después se confirmó a Álvaro Noboa como la carta desde la lista 11. Desde entonces, se mantiene un litigio ante el CNE y el TCE para concretar la inscripción.
Para el experto en materia electoral, Pedro Donoso, aseguró que la situación de Justicia Social evidencia un problema generalizado en Ecuador: un país con organizaciones sin ideología, sin candidatos propios.
“Los partidos se convierten en vehículos para llegar al poder, pero esos vehículos deberían tener alguna relación política e ideológica con los candidatos que presentan”, manifestó.
Agregó que casos similares ya se han registrado antes. Uno se evidenció en las seccionales pasadas con el correísmo y Fuerza Compromiso Social, organización política cuyo líder, Iván Espinel, era procesado por supuestos actos de corrupción.