Las hermanas Vanegas Ulloa tienen más de 30 familiares que viajaron a EE.UU. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO.
Desde que la gualaceña María Castro se enteró, el miércoles 9 de noviembre de 2016 pasado, del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU., está intranquila. Ella teme que su esposo Braulio, quien vive desde hace ocho años en Estados Unidos, sea deportado.
“No ha podido legalizar su permanencia, menos ahora”, se lamenta. A ella le preocupa el discurso de campaña del nuevo Mandatario en contra de los ‘sin papeles’, porque supuestamente representan una amenaza para la economía y la estabilidad de su país.
El esposo de Castro le contó que el republicano prometió levantar un muro en la frontera con México y deportar a 11 millones de personas.”Es terrible imaginarlo”, anota la azuaya, mientras teje un sombrero de paja toquilla.
“Expulsar a tantos migrantes sería una pesadilla para nuestras familias y un problema económico para el Ecuador”, comenta Castro, quien teje seis sombreros a la semana para subsistir.
Según el subsecretario de la Comunidad Ecuatoriana Migrante, Humberto Cordero, de acuerdo con los registros consulares, hasta el 2015 estaban registrados 1 264 000 ecuatorianos en Nueva York, Nueva Jersey, Chicago, California, entre otros estados. En esa cifra están incluidos los hijos de los compatriotas que nacieron en el país norteamericano.
Olmedo y Enma tienen 18 años en ese país y tampoco han regularizado su permanencia. Allá procrearon a Jostin, de 10 años, y hace un año llevaron a dos de los siete hijos que dejaron en Ecuador.
“Aún tienen deudas y nos ayudan para el sustento diario”, cuenta Alexandra, una de las hijas que vive en Gualaceo. Cada mes recibe USD 300 para la alimentación y educación.
Rodrigo Mendieta, decano de Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, publicó el libro ‘Remesas y disparidades económicas territoriales. Caso Ecuatoriano’. Según él, las deudas son la principal preocupación de los migrantes y sus familias porque Trump también habló de poner impuestos a la salida de remesas.
De acuerdo con el estudio Receptores de Remesas en Ecuador del Banco Interamericano de Desarrollo, las familias que reciben menos de USD 250 al mes destinan el 74% de ese valor a gastos diarios. En el primer semestre de este año, el valor promedio por envío fue de USD 291,54.
Mendieta dice que si se ponen trabas para la salida de las remesas, el monto de los envíos bajará, lo que afectará a la economía del país. Desde el 2014 se registra un aumento en el ingreso de remesas procedentes de Estados Unidos. En el primer semestre del 2016, el 55,8% de los envíos que llegó al Ecuador tuvo como origen ese país. Le siguieron España e Italia.
A María Castro su esposo le transfiere USD 700 cada mes. De esa cantidad, USD 300 destina para la alimentación, salud y educación. El resto para cancelar un crédito que pidió para construir su casa, que aún no está terminada. “No me imagino la situación económica de mi familia sin esos ingresos. No podríamos cancelar las deudas”.
Hace un año terminaron de cancelar los USD 22 000 que pidió para el viaje de Braulio. Luego se endeudaron en la casa. “Mi esposo migró para dar una mejor vida a sus dos hijos, porque en Gualaceo no había trabajo. Allá labora en construcción todo el año”.
El éxodo no se ha detenido en el país sobre todo por la actual situación económica del Ecuador, considera Mendieta, aunque no hay datos estadísticos por la ilegalidad de los viajes. Fanny Vanegas dice que la migración sigue porque su madre, quien vive en Queens (Nueva York), le contó que la semana anterior llegaron a su barrio 10 azuayos, entre ellos dos primos, quienes buscan un trabajo para quedarse.
Vanegas tiene más de 40 familiares en Estados Unidos y la mayoría está en condición de indocumentado. “La incertidumbre es generalizada y más entre los nuevos migrantes porque temen que se produzcan redadas, persecuciones y actos xenofóbicos”.
El 8 de noviembre del 2008, Marcelo Lucero, de 37 años, fue atacado con bates y acuchillado por siete adolescentes, cerca de la estación de trenes de Patchogue, en Long Island, Nueva York. En la investigación se determinó que los jóvenes pertenecían a una pandilla que se dedicaba a atacar, físicamente a hispanos.
En el 2010, una corte de ese país acusó a los siete jóvenes bajo la figura de odio racial e impuso 25 años de prisión al autor. Los restantes seis recibieron penas de entre cinco y ocho años de cárcel. Pero Isabel, la hermana menor de los Lucero, cree que las declaraciones de Trump en contra de los migrantes podría motivar que se repitan estos ataques.