La Policía realizó la noche del sábado 2 de enero del 2021 un control de documentos y registro en la avenida De los Shyris, en Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
El toque de queda, la restricción para la circulación vehicular por placas y otras medidas de control quedaron eliminados ayer, 3 de enero del 2021, luego de la decisión de la Corte Constitucional.
Ese organismo concluyó que el Decreto 1217 que declaró el estado de excepción desde el 21 de diciembre es inconstitucional, porque “no se adecuaba a las normas constitucionales”.
Con ese pronunciamiento se terminó el estado de excepción. Esto significa que hay libertad para movilizarse y en todas las ciudades pueden circular los vehículos de todas las placas, a excepción de Quito.
Tras esa resolución, el Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE) emitió la tarde de ayer nuevas disposiciones de control.
Principalmente, resuelve que se mantendrán suspendidas las clases de manera presencial y se continuará con la modalidad virtual; el teletrabajo seguirá hasta el 18 de enero y las fronteras terrestres continuarán cerradas.
Además, se insta a la Asociación de Municipalidades del Ecuador que coordine con los 221 COE cantonales y metropolitano la aplicación de ordenanzas para regular el espacio público, el aforo, el expendio de alcohol y otras actividades que sean un riesgo de contagio.
En una cadena nacional, el presidente Lenín Moreno hizo un llamado a los COE cantonales para que “actúen alineados con los exhortos del COE nacional y que tomen todas las acciones necesarias para evitar aglomeraciones. La pandemia no ha sido superada”.
En esa intervención, Moreno dijo que acataba el dictamen de la Corte Constitucional. Pero, aseguró que continuarán aplicando las medidas “que estén a nuestro alcance, porque se desprenden de análisis técnicos y estadísticos de la situación real y obedecen a un solo objetivo, salvar vidas”.
Moreno recordó que en las ciudades más grandes del país, las Unidades de Cuidados Intensivos están al máximo. Anticipó que en enero “habrá un incremento de contagios” de covid-19, pese a las medidas que se tomaron durante las últimas semanas de diciembre.
Sin embargo, dijo que tienen listo el plan de contingencia, por si esto llegara a ocurrir.
Pero también conminó a la ciudadanía para actuar “por voluntad propia” para frenar la pandemia, como evitar las aglomeraciones, tomar distancia física de dos metros, usar mascarilla y lavarse las manos.
El 21 de diciembre, el COE nacional estableció varias restricciones para impedir que más personas se contagien con el coronavirus durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Las sanciones que se impusieron a las personas que no respetaron las medidas hasta antes de la decisión de la Corte Constitucional se mantienen y son legales, aclaró Juan Zapata, presidente del COE nacional.
Por eso, Fausto Salinas, director de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía, confirmó que “se mantienen los controles por aglomeraciones, antidelictivos y por consumo de licor en la vía pública, pero ya no se le puede impedir a la gente circular”.
Los alcaldes esperarán decisión del COE nacional
En Guayaquil, la restricción a la circulación vehicular está en firme. Las autoridades del COE cantonal decidieron esperar las disposiciones del COE nacional sobre el fallo de la Corte Constitucional.
Las autoridades señalaron ayer, 3 de enero, que continuarán los controles para vigilar el tránsito de vehículos, según las placas.
Gustavo Zúñiga, del COE de Guayaquil, dijo que esperan los resultados de su par nacional para pronunciarse.
En Cuenca, el alcalde, Pedro Palacios, dijo que “la situación de Cuenca hasta ahora es favorable sobre letalidad y mortalidad. De hecho, en este feriado ha existido una baja movilización y llegada de turistas”.
Los alcaldes de Latacunga y Ambato señalaron que la restricción vehicular, el toque de queda y otras disposiciones ayudaron a tener cierta disciplina de la gente, aunque afectaron la economía del sector comercial y turístico.
Estos temas serán analizados en las reuniones de hoy, 4 de enero, que mantendrán los COE.
El alcalde de Macas, Franklin Galarza, indicó que hoy adoptarán una decisión. En Esmeraldas, los alcaldes esperan la disposición del COE nacional.
El sector productivo cuestiona la demora en la difusión del dictamen
Los sectores turístico y comercial fueron los más afectados por las restricciones adoptadas por el estado de excepción, que fue declarado inconstitucional.
El presidente de la Federación Hotelera de Ecuador, André Obiol, no entiende por qué el dictamen se conoció tan tarde, cuando la afectación a su sector ya fue hecha. Dijo que la ocupación hotelera en el país bordeó el 10%, en promedio, durante los dos últimos feriados.
La misma inquietud tiene el presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, Pablo Zambrano. Él señaló que, si bien la mayor afectación se dio para el turismo y comercio, la industria tuvo problemas como los turnos de las fábricas en las noches y la menor demanda debido a las restricciones que enfrentó la actividad comercial.
El mismo criterio tiene Gustavo Ruiz, presidente de los pequeños industriales de Pichincha. Según él, las pérdidas son incalculables.
Por su parte, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, dijo que no se puede pronunciar hasta que el Régimen o el COE expliquen qué decisiones tomarán sin recurrir al estado de excepción.
Según constitucionalistas, Moreno deberá buscar nuevos argumentos
“El Presidente no puede argüir excepcionalidad para algo que se presenta como una nueva normalidad”, dice Jorge Benavides. Su criterio es compartido por Ismael Quintana. Ambos constitucionalistas aseguran que si el presidente Lenín Moreno quiere, en el futuro, declarar un estado de excepción por una grave situación derivada de la pandemia, sobre todo de la variante de covid-19, deberá usar otro argumento.
“La Corte le puso una camisa de fuerza al Presidente. Si quiere declarar un confinamiento deberá pedirle a la Corte Constitucional que se aleje de los precedentes que ya analizó en las dos declaratorias de estado de excepción”, dijo Quintana.
Benavides explicó que por ahora, las autoridades centrales o locales deben usar otros instrumentos jurídicos “ordinarios” para limitar la movilidad y las reuniones. Actualmente ya se emplean medidas sobre el aforo, suspensión de licencias de operación y horarios de servicio.
Sobre las sanciones aplicadas en los siete días que estuvo vigente la medida, Quintana dijo que la Corte no halló una grave afectación a los derechos, por lo que su fallo no es retroactivo, sino que valida lo antes actuado.