El Centro de Monitoreo Oceánico del Inocar analiza los datos emitidos por las boyas. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
La boya TSU 32067, ubicada al suroeste de Esmeraldas, registró un tsunami dos minutos después del terremoto del 16A. La ola llegó a esa provincia luego de 10 minutos, en 1 hora y 20 minutos a Manta, en Manabí, y tres horas más tarde a La Libertad, en Santa Elena.
“No fue destructivo, pero ocurrió y fue registrado por nuestros sistemas de monitoreo”, explica Patricia Arreaga, frente a un gráfico de una onda zigzagueante. Ella es parte del Centro de Monitoreo Oceánico del Instituto Oceanográfica de la Armada (Inocar), donde se recibió la advertencia.
El Sistema de Alerta de Temprana (SAT), que incluye la detección de tsunamis, comenzó en el 2011. En ese año se instaló la primera boya de detección de perturbaciones marinas, la EBM22-TSU, a 1 600 metros de profundidad frente a Manta. Tres años después se colocó otra -la que detectó el tsunami del 2016- frente a Esmeraldas, a 2 900 metros de profundidad.
En esta semana se incorporaron dos nuevos dispositivos, que pueden dar entre 15 y 20 minutos de tiempo de reacción antes del arribo de una ola a las costas. Las boyas EBM 24-TS son de fabricación española y tecnología alemana, y también serán instaladas frente a Esmeraldas y Manabí.
Los equipos están conformados por un sensor que se coloca cerca del fondo marino para detectar posibles perturbaciones generadas por sismos. Sus señales son emitidas por ultrasonido a un transductor, ubicado en la base de la boya.
USD 2,9 millones se invirtieron en equipos, con apoyo del BID y del Gobierno de Japón. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Esa información luego pasa a un computador interno, que envía datos en tiempo real al centro del Inocar, vía satélite. Cada dispositivo tiene baterías más ocho paneles solares que le dan energía continuamente.
“Estas boyas significan salvar vidas”, dijo el vicepresidente Otto Sonnenholzner. “Esta inversión significa salvar por lo menos 3,5 millones de vidas, que son las que resultarían afectadas en zonas de riesgo por tsunamis”, agregó en la ceremonia de entrega.
El SAT se consolidó tras el sismo de abril del 2016, con apoyo internacional. Da cobertura a 1 043 062 habitantes de la zona costera y Galápagos, a través de 100 puntos de monitoreo, como explicó Juan Zapata, director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. “El sistema incluye sirenas, cámaras de videovigilancia, sistemas de comunicación por radio y satelital, mapas de inundación, señaléticas, ejercicios de simulación…”, indicó.
250 000 personas han participado en tres simulacros nacionales y cerca de 60 000 han sido capacitadas en evacuación e identificación de zonas seguras. Leonel Del Pezo es uno de ellos. “Ahora estamos trabajando en los planes familiares de emergencia”, dijo el presidente de la Federación de Comunas de Santa Elena.
La directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (Sngre), Alexandra Ocles, afirmó que el fortalecimiento del SAT con nueva tecnología se enmarca en el Acuerdo Nacional para la Reducción de Desastres 2030. La implementación de todo el sistema ha demandado una inversión de USD 30 millones.
“Los tsunamis se han presentado con mayor frecuencia en los últimos años. Ocurrió en el océano Índico el 2004, en Chile el 2010 y en Japón el 2011; son solo un ejemplo. Ecuador no ha estado exento a estos acontecimientos”, dijo Ocles.
Históricamente, las costas esmeraldeñas han sido impactadas por tres eventos, ocurridos en 1906, 1958 y 1979. También hay registros frente a Santa Elena (1933) y en la frontera con Perú (1953).
Ecuador está en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta sismicidad, donde han ocurrido 58 tsunamis en 100 años, según Gestión de Riesgos. Cada uno ha dejado cerca de 4 600 pérdidas humanas.
El gran océano y sus bordes costeros se despliegan en una pantalla gigante del centro de monitoreo del Inocar. La imagen es emitida por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, al que Ecuador contribuye con la información generada por sus boyas marinas.
Estos dispositivos son instalados en zonas de subducción, donde chocan las placas tectónicas. En el país, ese espacio marino alcanza entre 3 000 y 4 000 metros. A esa profundidad, los equipos acoplados a las boyas miden los cambios en la columna de agua que pueden ocurrir tras un sismo.
La información es procesada por el Inocar, que desde el 2016 cuenta con un software que redujo el tiempo de emisión de alertas. “Antes tomaba entre 20 y 25 minutos emitir un informe. Ahora podemos hacerlo automáticamente”, explica el suboficial Mario Lizano.
El sistema arroja un reporte según la magnitud del evento sísmico. Y de acuerdo con el epicentro calcula la altura y tiempos de arribo de las olas a puertos costeros e insulares.