Los migrantes venezolanos acuden a la oficina de Migración de Ecuador, para realizar los trámites de entrada al país, este martes 22 de enero de 2019. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO
Ecuador aún no aplica la exigencia del certificado de antecedentes judiciales para los ciudadanos venezolanos, anunciada por el Ejecutivo el lunes, dos días después del femicidio de Diana en Ibarra.
En una rueda de prensa, Juan Sebastián Roldán, secretario particular del jefe de Estado, Lenín Moreno, dijo este martes 22 de enero del 2019 que aún afinan detalles para la aplicación del requisito que lo deben implementar entre el Ministerio del Interior y de Exteriores.
Explicó que se deben aún estudiar asuntos operativos relacionados con el área terrestre, marítima y aérea y luego se enviará la disposición al Registro Oficial (Libro de Leyes del Estado) para que entre en vigor.
En un mensaje a la nación, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, aseguró el lunes 21 de enero que su país ha agotado “todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que permitan verificar la información de quienes llegan al país”.
“Desde hoy, y en vista de que el Gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado“, informó.
Pero pese a que el Vicepresidente fue claro en apuntar que la medida regía desde su anuncio, en la rueda de prensa de este martes, en la que estuvo presente, se abundó en que aún hay temas pendientes.
El anuncio de Sonnenholzner llegó tras el femicidio de Diana en Ibarra, quien fue agredida por un hombre que la mantuvo como rehén durante 90 minutos, y fue apuñalada frente a policías, hecho que tildó de “deleznable” y que, dijo, “ha llenado de dolor a la sociedad“.
El femicidio provocó una reacción xenófoba contra la comunidad venezolana.
Asimismo, el anuncio de controles a la situación legal de los venezolanos despertó alertas en varios sectores que temen un despunte de la xenofobia.
El Segundo Mandatario rechazó que el Gobierno aupe esa situación y reiteró que en la actualidad que el suyo es un país de migrantes.
“Pero cada país tiene que tomar decisiones en cuanto a su situación migratoria (…), tenemos una dificultad migratoria: No contamos con el respaldo de la contraparte venezolana para tener la información requerida y tenemos que tomar este tipo de decisiones”, argumentó Sonnnenholzner el lunes.