Nueva emisión de deuda pública Ecuador con restricciones

El contralor subrogante, Pablo Celi, dijo que en el informe del examen especial a la deuda se determinó indicios de responsabilidad penal contra el expresidente Rafael Correa. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

El contralor subrogante, Pablo Celi, dijo que en el informe del examen especial a la deuda se determinó indicios de responsabilidad penal contra el expresidente Rafael Correa. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

El examen especial a la deuda pública contratada entre 2012 y mayo del 2017, presentado por la Contraloría el 9 de abril, determinó indicios de responsabilidad penal y administrativa con multa y destitución para unos 20 funcionarios y exfuncionarios públicos. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

El examen de la Contraloría al endeudamiento público plantea una serie de restricciones legales que deben resolverse antes de efectuar una nueva contratación de deuda.

Durante el 2018, el Gobierno necesita USD 12 000 millones en financiamiento; es decir, requiere préstamos por
1 000 millones cada mes.

Los depósitos del tesoro nacional, que reflejan el saldo de caja del Fisco, evidencian ese ritmo de endeudamiento. El Gobierno consiguió el 18 de enero USD 3 000 millones tras una emisión de deuda en el mercado internacional, lo cual elevó el saldo de caja.

Pero el Fisco ha gastado esos recursos a razón de USD 1 000 millones por mes y le queda un saldo de 1 286 millones hasta el 13 de abril, de acuerdo con cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).

Esta situación obligará, según Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, a realizar una emisión este o el próximo mes.

El Código de Planificación de Finanzas Pública señala que el techo de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB) debe llegar máximo al 40%. Pero el órgano de control y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han determinado que este porcentaje ya fue superado en el 2016.

En el caso de requerir un nuevo crédito se deberá contar con la autorización de la Asamblea según establece la Ley, indica Marcelo Merlo, excontralor y quien formó parte de esta veeduría.

El experto mencionó que la norma exige también un plan de sostenibilidad fiscal que debe incluir políticas presupuestarias y fiscales para reducir el déficit del presupuesto estatal.

Ramiro Crespo, economista e integrante de la veeduría que auditó la deuda pública entre enero del 2012 y mayo del 2017, consideró que si se cumple con este procedimiento se generará tranquilidad en los mercados y se podrá obtener financiamiento para impulsar nuevos proyectos. “Dudo mucho que los mercados vayan a prestar (recursos) sabiendo que no se cumplió con esta gestión”.

La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, se encuentra en Washington para asistir a la Reunión de Primavera del FMI y el Banco Mundial (BM).

En la cita, la funcionaria espera mejorar las relaciones con los multilaterales. En una entrevista en diciembre pasado, el representante de Ecuador ante el FMI, Francisco Rivadeneira, dijo que el presidente Lenín Moreno está interesado en fomentar la relación con el BM, con el cual hay un espacio importante para conseguir financiamiento. Calculó que podía conseguirse hasta USD 2 500 millones en buenas condiciones de financiamiento. Tener una relación normalizada con el FMI y realizar los informes del Artículo IV ayudará en ese objetivo, dijo.

Los actuales integrantes del Comité de Deuda y Financiamiento Público son los encargados de aprobar una nueva contratación de préstamos.

El examen especial a la deuda pública contratada entre 2012 y mayo del 2017, presentado por la Contraloría el 9 de abril, determinó indicios de responsabilidad penal y administrativa con multa y destitución para unos 20 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre ellos, quienes formaron parte de este Comité en el período de análisis.

Una de las principales observaciones que hizo la Contraloría al Comité es “la existencia de funciones incompatibles”. El examen del ente de control cuestionó que el Ministro de Finanzas sea parte del Comité y a la vez sea la autoridad que avala el informe técnico que sustenta la operación de endeudamiento que presenta esta misma instancia.

Para Eduardo Valencia, miembro de la veeduría de este examen, es importante que se revise una estructura en la que Finanzas “no sea juez y parte” de las operaciones de deuda, y que exista participación de otras instancias. “Ahora están solo los representantes del Ejecutivo y sobre todo al Ministro de Finanzas se le da demasiados poderes”, dijo.

Reestructurarlo o eliminarlo está en manos de Finanzas, pues el examen de Contraloría recomendó a esta Cartera de Estado que presente a la Asamblea un proyecto de reforma al Coplafip, que es el cuerpo legal que dispuso la creación del Comité de endeudamiento.

Las recomendaciones que efectuó la Contraloría General del Estado para el futuro registro de la deuda pública, condiciones de transparencia y procesos de endeudamiento son de cumplimiento obligatorio.

En el caso de no acatar estas disposiciones las autoridades podrían ser destituidas, precisó el excontralor Merlo.

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