Ayer se reforzó la seguridad en la UPC de Posorja, que quedó inutilizada por el hecho violento. Foto: EL COMERCIO
Las cuatro niñas se enteraron por redes sociales del asesinato de sus padres. Jacqueline M. y Ronald B. tenían muchos años viviendo en pareja y dejaban a sus hijas con familiares cuando salían a trabajar.
Ellos -de 35 años- habían llegado al puerto pesquero de Posorja desde Guayaquil con Tonny P., de 44 años. Fueron detenidos por la Policía Nacional a las 13:00 del pasado martes, por el presunto delito de estafa.
Mientras esperaban ser llevados a la Fiscalía del cantón Playas, alguien difundió el rumor de que eran supuestos secuestradores de menores.
El ajusticiamiento público, difundido por las redes sociales, llegó hasta las cuatro hijas de la pareja, de entre 10 y 2 años de edad, y también al hijo, de 17 años, de Jacqueline.
La mañana de ayer 17 de octubre del 2018, en los exteriores de la Fiscalía, sus familiares vestían de negro. Llegaron para poner la denuncia por el triple asesinato. Luego tenían previsto viajar a Guayaquil para retirar los cuerpos del laboratorio de Criminalística, donde permanecían desde la madrugada de ayer. Los cuerpos fueron retirados de la calle frente a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Posorja, donde murieron apaleados por una muchedumbre.
María M. es hermana de la fallecida. A las 11:00 llegó hasta Playas, la Fiscalía asentada en este cantón atiende los casos de esa zona costera que incluye a Posorja. La mujer dijo sentirse indignada. Relató que su hermana era comerciante y su cuñado taxista, conducía el vehículo que fue quemado por la turba. Ambos se movilizaban por distintas ciudades para ofertar ropa y accesorios. A los recorridos los acompañaba ocasionalmente su vecino Tonny, el tercer fallecido.
Según su familia, habían salido ese día a trabajar. Solían visitar varios pueblos. Ella desconocía que se encontraban en Posorja, pero fue por los videos que supo lo que pasaba.
“Lo que se cometió fue una barbarie. Un asesinato público. Pedimos que las autoridades busquen a los responsables y se haga justicia. Tenían derecho a la defensa”, decía la hermana de la mujer muerta.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y rechazo los hechos violentos. “La práctica de linchamiento constituye un verdadero flagelo a la dignidad humana y afecta derechos humanos fundamentales como los de no ser privado arbitrariamente de la vida, integridad, libertad personal y garantías judiciales”.
Marco Pacheco, coordinador zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, dijo que hará un acompañamiento a los familiares de las víctimas. “No hay ningún hecho que justifique la violencia. Ninguna persona tiene el derecho de privar de la vida otra persona y que el Estado entienda que es su responsabilidad garantizar los derechos humanos”.
En tanto, en las calles, algunos comuneros seguían señalando que eran raptores. La Policía, la Fiscalía y el Ministerio del Interior recalcaron ayer que hubo confusión. Fueron detenidos por presunta estafa y robo de USD 200 y dos celulares a una mujer. La ministra del Interior, María Paula Romo, detalló que entre los escombros de la UPC se encontró el dinero en una cartera.
Ayer en la mañana personal de limpieza sacaba pedazos de cemento y tejas de la unidad policial. A su alrededor había dos patrulleros con equipo táctico de la Policía.
La comandante de la zona 8 de la Policía, Tanya Varela, informó que 100 efectivos permanecerán en Posorja para controlar el orden. Dijo que dos policías están con quemaduras de primer y segundo orden y con golpes en la cabeza.
En el barrio Quito, en el malecón de la comuna y en la vía que conecta con Playas agentes especializados ejecutaron allanamientos y detuvieron a seis personas para investigaciones. El mayor Cristhian Gómez, jefe zonal de la Dinased, confirmó las incursiones.
Según la Policía, esas personas fueron detenidas luego de cotejar las ropas encontradas en sus viviendas con los videos del incidente del martes.
Yanina Villagómez, fiscal del Guayas (e), explicó que se han abierto cuatro procesos de investigación por el delito de robo, por incendio y daño del bien público, por instigación a la violencia y por asesinato.
Además, existe la denuncia presentada a las 13:00 del martes por parte de la señora, que se presume fue víctima de robo y asalto de las tres personas detenidas y asesinadas. Ella ha sido puesta en el programa de testigos protegidos, ya que estaría recibiendo amenazas de algunos pobladores. La señalan de haber cambiado la versión inicial del presunto intento de secuestro de sus hijos.
Alrededor de las 13:30, los familiares de los detenidos llegaron a la Fiscalía de Playas desesperados por noticias. Tenían temor de que fueran acusados de haber participado en los hechos violentos. La mamá de un joven de 21 años dijo que su hijo labora como cargador de gavetas de pescado en el puerto. Y que estuvo en el lugar observando el caos. La Policía ingresó al inmueble a buscarlo. “Está bien que la Fiscalía investigue, pero que averigüen bien. Él solo estaba mirando”.
En contexto
La Policía detuvo a ocho personas para investigaciones por el triple asesinato en Posorja. Las tres víctimas se dedicaban al comercio, según sus familiares. Una turba los asesinó a golpes por un rumor de secuestro de niños.