En la UPC Iñaquito 3, ubicado dentro del parque La Carolina, en el norte de Quito, trabajan actualmente 20 uniformados. Foto: Diego Pallero /EL COMERCIO.
El puesto de vigilancia se divide en cuatro espacios: una pequeña oficina, la cocina, el baño y un cuarto para descansar. Está ubicado enel corazón de San Roque, un barrio del centro de Quito considerado conflictivo.
Hace una semana, a dos cuadras de esa Unidad de Policía Comunitaria (UPC), los vecinos hallaron a un hombre desangrándose. Quisieron dar la alerta a los uniformados, pero encontraron la base cerrada.
Una queja similar se reportó el 18 de mayo en La Argelia, un barrio del sur de Quito. Un grupo de 100 personas marchó y exigió más patrullajes. Carlos Bastidas, presidente de la brigada de seguridad de la zona, cuestionó a las autoridades. “No hay un buen servicio; la mayoría de veces solo hay una persona en la unidad”.
La Policía dice que eso ocurre porque hay bases en las cuales operan entre ocho y 10 agentes. Ese grupo se distribuye en jornadas de 8 horas, es decir, tres agentes en cada turno. Dos patrullan y uno permanece en la base. Pero hay veces en que todo el personal deja el puesto de vigilancia para atender una emergencia considerada grave.
En mayo del 2012, el Ministerio del Interior firmó el Acuerdo 2626. En ese documento se establecen dos tipos de UPC: A y B. La primera con 22 uniformados y la segunda con 16.
Sin embargo, en la ciudad ese estándar no se cumple al 100% debido al excedente de unidades que hay que abastecer.
Según la división territorial propuesta por Interior (distritos, circuitos, subcircuitos) en Quito deberían funcionar 258 UPC, pero hay 301 (43 de más).
Pablo Aguirre, comandante de la Policía de Quito, comenta que el problema es histórico, pues no hubo planificación.
Los vecinos, el Municipio y el Ministerio construían retenes en la ciudad sin análisis previos. El año pasado, por ejemplo, se cerraron 12 puestos de vigilancia que eran poco operativos. Se detectaron unidades bajo graderíos o en el garaje de una vivienda”.
De ahí que el esquema del Interior es cerrar esos pequeños complejos y levantar UPC modernas A o B, según las características demográficas de los barrios. Pero hasta ahora las autoridades no logran inhabilitar aquellas bases policiales.
La presión de los vecinos pesa. Aguirre señala que los moradores se acostumbraron a ver un puesto de vigilancia cerca aunque haya dos o tres agentes.
El año pasado, Interior reabrió 46 unidades debido a la protesta de los barrios. La gente se quejó del aumento de la venta de drogas y robos tras el cierre de puestos ubicados en El Tejar, Promoción Familiar, El Placer Baños, El Camal, Atacazo, entre otras, ubicadas, sobre todo, en el centro y sur.
El sábado, el barrio Salvador Celi, en el sector de La Armenia, (valle de Los Chillos) también demandó más presencia policial en una asamblea general. “A veces hay falencias por falta de elementos. A unos les dan el pase a otras zonas del país”, sostuvo Gabriel Villamarín, presidente de ese vecindario.
El déficit de uniformados es otro problema. En una entrevista con este Diario, el ministro del Interior, José Serrano, lo reconoció. Actualmente hay 44 000 agentes. La norma de Naciones Unidas sugiere un policía por cada 250 habitantes. En el 2017 se cumplirá ese criterio con 57 000 gendarmes que integrarán las filas policiales.
Según el actual modelo de gestión de la Policía, con las UPC tipos A y B se logra abarcar una vigilancia permanente (24 horas/365 días) en turnos de 8 horas. Ese estándar permite “atender eficientemente a la población, ejecutar operativos de prevención o de reacción con patrullaje vehicular y motorizado continuo en horas y lugares considerados críticos”.
La distribución de los agentes en los puestos de vigilancia se basa también en la conflictividad de los barrios.
En la UPC Iñaquito 3, por ejemplo, hay 18 policías y dos oficiales. Esa base está asentada dentro del parque La Carolina, en el norte.
Un uniformado asegura que es un sector complejo, pues allí funciona la zona comercial de Quito. Además, los deportistas utilizan a diario el espacio verde para entrenar. Solo el fin de semana unas 20 000 personas llegan al parque. En ese lugar se detectaron grupos dedicados al arranche.
El mes pasado, los deportistas hicieron una marcha. La Policía creó un chat en WhatsApp para mitigar los robos. Desde la segunda semana de abril, los uniformados no tienen reportes de víctimas atracadas.
En contexto
En el último mes, seis barrios de Quito protestaron por la inseguridad. Denunciaron robos a personas, de carros y viviendas. Estas marchas se desarrollaron pese a que desde el Ministerio del Interior se asegura que esos delitos se redujeron en el 2015.