Debate final del cambio a la Ley Orgánica de Comunicación se dilata

La ministra María Paula Romo, durante la presentación de sus observaciones en la Comisión, el pasado miércoles. Foto: Diego Pallero / El Comercio

La ministra María Paula Romo, durante la presentación de sus observaciones en la Comisión, el pasado miércoles. Foto: Diego Pallero / El Comercio

La ministra María Paula Romo, durante la presentación de sus observaciones en la Comisión, el pasado miércoles. Foto: Diego Pallero / El Comercio

El informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Comunicación aún no está listo, a pesar de que han transcurrido más de dos meses desde que se agotara la primera discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Los integrantes de la Comisión de los Derechos Colectivos, encargados de tramitar el texto, fueron convocados para el próximo lunes para empezar con el “conocimiento y análisis de la matriz de observaciones” planteadas al documento.

En la agenda legislativa que fue consensuada a finales de abril pasado entre los jefes de bancada y la presidenta de esta Función del Estado, Elizabeth Cabezas, se incluyó entre las prioridades el trámite de los cambios a este cuerpo legal.

Sin embargo, el ritmo al que ha avanzado ha sido cuestionado, incluso, por el propio jefe de Estado, Lenín Moreno, quien el pasado 13 de noviembre exhortó a la Legislatura a dar un “tratamiento inmediato” a la reforma.

Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), concuerda en que “el ritmo con el que los asambleístas han estado tratando este tema no corresponde a la urgencia que el mismo Gobierno ha marcado sobre este punto”.

Fierro enfatizó que esto es una demanda de la sociedad civil, de la cual se han hecho eco los relatores en materia de libertad de expresión, tanto a escala regional como en el ámbito de las Naciones Unidas, y que visitaron el país este año.

Según la asambleísta Jeannine Cruz (Creo), integrante de la Comisión, la meta es tener un informe listo para segundo debate antes de que concluya el año, por lo que propondrá trabajar a doble jornada para analizar “los puntos críticos” del cuerpo legal.

La correísta Marcela Holguín, vicepresidenta de esa mesa legislativa, en cambio, prefiere no hablar de plazos, pues cree que no hay motivos para “apresurar el debate”.

“Debemos hacer que esto se extienda la mayor cantidad de tiempo posible para incorporar todas las sugerencias que vengan desde la sociedad civil, de los trabajadores de la comunicación, desde los medios. “En ese sentido no creo que debamos apresurarnos”, dijo.

Para Fierro y Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), tras el primer debate de los cambios en el Pleno, aún quedan “elementos de censura” en el texto, por ejemplo, en lo relacionado a la difusión de noticias de “interés general”.

El miércoles pasado, a la Comisión acudió la ministra del Interior, María Paula Romo, quien planteó a los asambleístas diferenciar entre la afectación a la honra y las críticas a un funcionario público.

“No hay tal cosa como la majestad del poder para que nadie le pueda decir nada a quien está en el poder. Es al contrario, a un funcionario público se le tiene que poder cuestionar, y ese debería ser el principio que se desprenda de la Ley”, remarcó la ministra Romo.

Cruz y Holguín, entretanto, enfatizaron que no está en discusión la exigencia de la profesionalización para ejercer el trabajo periodístico, con lo que desmintieron unas expresiones del titular de la Comisión que iban en sentido contrario y que fueron condenadas por gremios y universitarios.

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