Daniel Mendoza propone una ley para redes sociales: ‘El control no es a los usuarios, sino a las plataformas’

La propuesta es para una Ley Orgánica de Uso Responsable de Redes Sociales, que genera controversia en estas plataformas de Internet.

La propuesta es para una Ley Orgánica de Uso Responsable de Redes Sociales, que genera controversia en estas plataformas de Internet.

La propuesta de Daniel Mendoza es para una Ley Orgánica de Uso Responsable de Redes Sociales, que genera controversia en estas plataformas de Internet. Foto: Flickr / Asamblea Nacional del Ecuador

Daniel Mendoza, parlamentario de Alianza País (AP), entregó el pasado lunes 25 de febrero de 2019 un proyecto de ley al Área de Gestión Documental de la Asamblea. La propuesta es para una Ley Orgánica de Uso Responsable de Redes Sociales, que genera controversia en estas plataformas de Internet.

En entrevista con EL COMERCIO, el legislador oficialista habló el 1 de marzo de 2019 de los alcances de la propuesta que, según dijo, todavía no ha sido considerada al interior del bloque legislativo. Mendoza defiende su propuesta y espera promover un amplio debate después del receso parlamentario, que concluirá la próxima semana.

¿Qué lo motiva a usted a impulsar el proyecto de Ley orgánica de uso responsable de redes sociales?

Este es un debate mundial que ya tiene algún tiempo realizándose y que debe llegar al Ecuador. Esto se trata de garantizar derechos a los usuarios de las redes sociales, los usuarios de carne y hueso, y se trata de fomentar la participación activa de manera responsable. Bajo ningún concepto se busca sancionar opiniones.

¿Cuál es el eje de esta propuesta?

Este es un gran debate mundial que tiene que ver con las noticias falsas, con el discurso de odio y con la privacidad de los datos, que son los tres ejes fundamentales de la ley.

¿Qué se debe entender por discurso de odio?

Este es un amplio debate que ya lo hemos tenido aquí en el Ecuador, que precisamente busca rechazar lo que todos creemos que está mal: la xenofobia, la misoginia. Esto ya se viene debatiendo por tanto tiempo, no nos estamos inventando absolutamente nada.

¿Cuáles son los parámetros para definir información falsa o de fuentes no confiables como indica su proyecto?

Precisamente ese es el reto. Hay que impulsar y apoyar a todos los medios digitales que han tomado fuerza. Pero también, a su vez, se generan portales que en cuestión de horas son hechos, precisamente, para difundir una noticia falsa que busca generar algún tipo de confusión, y terminan siendo perjudiciales para la sociedad hasta con consecuencias fatales.

¿A quiénes propone controlar?

El control no es a los usuarios, sino a las plataformas que hoy han reconocido que tienen un problema. Se busca que la ley vaya hacia las plataformas y los intermediarios, los proveedores de Internet que efectivamente puedan garantizar, con mecanismos de seguridad, que los discursos de odio, las noticias falsas se propaguen.

¿Cómo hacerlo si esas plataformas no operan desde Ecuador?

Va a ser difícil, pero no es imposible porque ya de manera individual uno muchas veces puede proceder a denunciar y creo que si existe una ley que de alguna manera ayude en esa lucha, estoy convencido que las autoridades competentes, la empresa privada hará su trabajo, y estoy convencido que los canales internacionales también servirán.

¿Es necesaria esta ley, debido a que los delitos de odio ya están tipificados en el Código Penal?

Nosotros no estamos inventándonos nada. Hay un gran debate sobre este tema y hay temas que ya existen en nuestra legislación actual. Nosotros lo que queremos es que con esta ley se de derechos a los usuarios de carne y hueso, que puedan tener mecanismos de defensa, que sientan tengan derechos y que se les garanticen los mismos.

¿Se necesitarán reformas al Código Penal?

Eso es lo que nosotros ahora debemos debatir. Nosotros no estamos agregando ninguna sanción nueva, ya existe la tipificación del delito de odio dentro de nuestra legislación, y eso se sanciona de uno a tres años de cárcel.

¿En qué se diferencia su propuesta del proyecto de Ley para regular los actos odio y discriminación en redes sociales e internet, que envió el expresidente Rafael Correa a la Asamblea, al final de su Gobierno?

En ese caso sí se buscaba estar articulado con lo que era la anterior Ley de Comunicación, que efectivamente buscó coartar la libertad de expresión de los ecuatorianos porque buscaba sancionar las opiniones. Nosotros bajo ningún concepto planteamos sancionar opiniones, esa es la diferencia medular.

¿Cuenta con el apoyo del bloque de Alianza País para esta propuesta?

No es un tema que se ha considerado dentro del bloque. Es una propuesta que la hice conjuntamente con algunos compañeros asambleístas, unos de mi bancada otros de otros bloques, pero está abierto el debate.

¿Tiene referencias de un proyecto de Ley similar que se impulsa en Colombia?

No he leído los proyectos de Colombia, he leído algunas iniciativas de la Comunidad Europea. Puede ser que el equipo de asesores haya tenido referencias de proyectos similares en la región, pero yo creo que es importante recoger lo positivo de cada iniciativa.

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