Los ingresos de Manuel Palacios, en Pilahuín (Tungurahua), no alcanzan para mantener a sus nueve hijos. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO
La casa de Manuel Palacios, de 69 años, es de una planta. La pequeña construcción acoge a 11 miembros de su familia. La situación económica de este jefe de hogar se complicó con la pandemia y no halla trabajo.
La vivienda, de paredes de bloque y techo de zinc, está en una loma de la comunidad Lindero, de la parroquia Pilahuín, localizada a 45 minutos al sur de Ambato, en Tungurahua.
Los gastos de esta familia se financiaban con la venta diaria de los 25 litros de leche que producen sus dos vacas. “Antes del covid-19 nos pagaban USD 0,39 centavos el litro, pero ahora bajó a 0,32 y casi no nos alcanza lo que recibimos”.
La agricultura aporta poco o nada en los ingresos. A mediados del 2020, Manuel sembró papas, pero el quintal bajó de precio y solo le pagaron USD 6 por cada uno. La venta no alcanzó para cubrir la inversión, cuenta Manuel, con pesar.
Desde octubre del año pasado, Palacios recibe un bono de USD 100 del Ministerio de Inclusión. Con los recursos cancela el servicio de Internet que contrató para que su hija pueda estudiar. También los servicios básicos del agua entubada, energía eléctrica y una parte para la alimentación. “Al mes logro completar USD 400, pero “no alcanza porque la familia es numerosa”.
Con esos ingresos, Manuel solo tiene para destinar USD 1,26 diarios para la alimentación y cuidado de cada uno de sus hijos y su esposa. Eso coloca a este hogar en la línea de la pobreza, que afecta a casi la mitad de la población rural.
En el país, 32 de cada 100 ecuatorianos estaba en esta situación en el 2020, pero en el campo son 48 de cada 100. Se considera que una persona tiene esta condición cuando percibe menos de USD 2,8 al día.
El indicador se disparó en relación con el 2019, cuando 42 de cada 100 personas que vivían en el campo percibían esos ingresos o menos.
La falta de recursos acarrea otros problemas para este segmento de la población.
Segundo Baltazar, director encargado de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Víctor Manuel Garcés, explica que la pandemia afectó a la economía de las familias de las cuatro comunidades de la zona sur de la parroquia Pilahuín: Lindero, Yatzaputzán, Río Blanco y Totora.
El profesor dice que hay un ausentismo del 30% de estudiantes en las clases virtuales, porque sus padres no tienen para pagar el Internet o porque el servicio no llega hasta la zona donde están sus hogares. Los niños que están en esta situación asisten los miércoles y viernes a recibir apoyo pedagógico de sus maestros.
Las pequeñas María y Doménica, quienes viven en la parroquia rural Alluriquín, en Santo Domingo de los Tsáchilas, también dejaron de asistir a las clases virtuales de la escuela, porque en su casa no hay Internet y tampoco tienen recursos para movilizarse al centro de su parroquia, donde hay locales de cómputo.
En su casa se sacrifica el desayuno o la merienda, según el día, ante la crisis que golpea a esta familia hace más de un año. Juan Ordóñez, padre de las niñas, es vendedor de panela, desde hace una década. En abril del 2020 enfermó de covid-19, su cuadro de salud se agravó y fue hospitalizado cerca de un mes. El hombre, de 48 años, era el que sostenía financieramente a sus dos hijas y a su esposa, Julia Cedeño.
Los días de internamiento, en un hospital de Santo Domingo, fueron críticos no solo porque su condición empeoraba, sino porque el hogar invirtió sus pocos ahorros en el tratamiento de Juan.
Ellos necesitaban hasta USD 300 al día para costear las medicinas. Pero no alcanzaba y tuvieron que vender el televisor, parte de los muebles y algunas herramientas de trabajo.
Ellos están endeudados, los intereses crecen y no pueden pagarlos, cuenta Juan, quien aún se recupera de los estragos que le dejó el virus. Él apenas consigue USD 5 al día, con la venta de panela en la calle.
Para conseguir un poco más de ingresos, otros optan por buscar oportunidades en la ciudad. Gloria Checa viaja desde su vivienda, ubicada en la parroquia rural La Esperanza, en las faldas del volcán Imbabura, hasta Ibarra, para laborar de lunes a viernes. En una acera del centro de la urbe coloca una carreta metálica en la que ofrece dulces y cigarrillos.
Esta mujer de 75 años, que ha dedicado 20 a esta actividad, recuerda que antes de marzo del 2020 -cuando se inició la crisis sanitaria- sus ingresos bordeaban los USD 8 diarios. Actualmente, el promedio es de USD 2,50 cada día.
Con los USD 50 que reúne al mes paga USD 8 del servicio de energía eléctrica y USD 4 del agua potable. El resto lo invierte en comprar productos para su negocio y alimentos para ella, su hija y cinco nietos, con los que convive. “Con este trabajo eduqué a mis cuatro hijos. Pero ahora la mayoría de los clientes dejó de comprar los productos. Hay desconfianza por el virus”, comenta, mientras acomoda los caramelos y chocolates.
La pandemia tiene distintos impactos económicos en Imbabura. Antes del covid, Cotacachi era el cantón con el mayor índice de personas en condición de pobreza.
Pero la crisis golpeó al comercio y al turismo de Otavalo, Ibarra y Antonio Ante, explica Sherman Ortega, director de Fomento Productivo de la Prefectura de Imbabura.
En cambio, los cantones que viven de las actividades agropecuarias, como Pimampiro y Urcuquí, tuvieron cierto respiro, porque la demanda de alimentos siguió.
Ante la crisis, el Gobierno Nacional creó, el año anterior, el bono de protección familiar de USD 120. Este se entrega por una sola vez a familias que están en el rango de pobreza y extrema pobreza y no reciben pensión ni otro bono estatal. En Imbabura, en la tercera fase que está en marcha, se beneficiarán 7 407 familias.
