Cpccs pedirá más recursos para 2020
Pleno del Consejo de Participación (Cpccs) fue el encargado de aprobar la Proforma 2020 para enviarla al Ejecutivo.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) esperaba contar con USD 13 175 607 para funcionar en el 2020. De esos fondos, USD 8 150 002 estaban destinados para salarios. Es decir, el 61,8% de lo planificado se dirigía a ese rubro.
Sin embargo, esa entidad no contaba con que el Gobierno central, en su Proforma 2020, le asignara USD 7 781 208.
Así, esa institución tiene dos problemas por resolver. El primero, hay una diferencia de USD 5 394 399 entre lo pedido y lo aprobado. Y segundo, si en el 2019 destinó USD 7 689 406,52 en gasto corriente, y si para el 2020 su partida asignada será de USD 7,7 millones, le queda menos para inversión.
Los consejeros María Fernanda Rivadeneira, David Rosero e Ibeth Estupiñán, coincidieron en que será necesario pedir más recursos al Gobierno. Rivadeneira asegura que de no ocurrir aquello, deberán “trabajar con los recursos que tengan. Los USD 7 millones asignados se irán en gasto corriente y, ¿el resto del presupuesto que necesita el Consejo?”, manifestó Rivadeneira.
Estupiñán dijo que lo asignado afectará su trabajo en las provincias “en donde hay delegaciones que están funcionando con dos personas”.
El actual Cpccs se posesionó el 13 de junio. En estos seis meses en funciones enfrentó la destitución, por parte de la Asamblea, de cuatro de sus primeros integrantes, incluido su presidente José Carlos Tuárez, quien ahora es investigado por supuesto tráfico de influencias. En este tiempo no fue una prioridad la designación de tres autoridades que no alcanzó a nombrar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que fue liderado por Julio César Trujillo (+).
Los cargos en los que aún se mantienen autoridades encargadas son la Defensoría Pública y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Además, siguen en sus cargos los integrantes de la Conferencia de Soberanía Alimentaria.
Rivadeneira y Estupiñán comentaron que no hay un plazo para las designaciones pendientes. El consejero David Rosero dijo que esperan hacerlo durante el primer trimestre del 2020. Para Rosero, la mayoría de autoridades ya fueron nombradas por el Consejo Transitorio. En ese mismo sentido se pronunció el vocal Juan Javier Dávalos.
De acuerdo con el Cpccs, en la Proforma que enviaron al Ejecutivo sí se contempló el presupuesto que requiere cada una de sus áreas para llevar adelante los concursos pendientes para autoridades.
Para Rosero, el caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial es más fácil ya que debe ser seleccionado de una terna que ya envió el presidente de la República, Lenín Moreno. Sin embargo, esto aún no se ha tratado en el Pleno, como lo establece el reglamento del Cpccs.
Dávalos señaló que para el siguiente año una de las prioridades, más allá de estas designaciones, será el trabajar en espacios de discusión sobre la labor del Cpccs. Esto como una respuesta a las iniciativas que se llevan adelante para eliminar a la entidad o limitarla en las funciones que ostenta.
Durante la primera semana de enero, el Comité por la institucionalización Democrática realizará una evaluación sobre el trabajo para la recolección de las firmas que le faltan para que la Asamblea Nacional trate su proyecto de reforma parcial con la que buscan cambios en tres funciones del Estado.
Ese colectivo no alcanzó el 1% de firmas requerido en la Constitución para respaldar su proyecto. Requerían 132 620 rúbricas, pero, tras la validación que realizó el Consejo Nacional Electoral, solo pasaron 106 301. Es decir, aún necesitan 26 319 firmas.
De acuerdo con el CNE, el Comité aún tiene plazo hasta finales de febrero del 2020 para completar el mínimo requerido, según la Constitución. En el Legislativo, entre el primer y segundo debate de la reforma parcial deben pasar 90 días.
Por otra parte, una de las últimas acciones que realizó este año la Asamblea fue cerrar el primer debate de la enmienda constitucional con la que se busca quitarle al Cpccs la facultad de designar a las autoridades de control.
Finalizado el primer debate, el ente Legislativo podrá tratarlo nuevamente en 13 meses. Esto quiere decir que la segunda discusión de la enmienda en contra del Cpccs se podría dar en enero del 2021, un mes antes de que se realicen las elecciones presidenciales y de asambleístas.
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