Una microempresa da mantenimiento emergente en una zona del Cuarto Eje Vial. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO
Cuando se inició la construcción del tramo Vilcabamba-Bellavista, en diciembre del 2008, el Ministerio de Transporte adjudicó el contrato por USD 18,9 millones y debía concluir en marzo del 2015. En la actualidad, la obra está inconclusa y abandonada y la inversión asciende a USD 152 millones.
Es el primer tramo del Cuarto Eje Vial (Vilcabamba-La Balsa), que conecta el sur del Ecuador con el norte de Perú y fue uno de los compromisos asumidos por ambos países cuando firmaron la paz (1998). Del lado peruano, la carretera de hormigón llega hasta el puente internacional La Balsa.
En el lado ecuatoriano está pendiente la construcción de puentes y alcantarillas para el encauzamiento de quebradas.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el aumento del 663% en el costo inicial de este tramo de 101,79 kilómetros, se dio por cambios en el diseño y estudios complementarios.
Inicialmente, se preveía usar asfalto y que la calzada tuviera 7,20 metros de ancho. Luego se cambió por hormigón y se incrementó a 9,20 metros.
Este proyecto fue una de las 640 obras contratadas en el Régimen anterior y que fueron cuestionadas por el actual Gobierno por los sobreprecios.
El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, dijo que las autoridades del MTOP informaron que se requieren USD 9 millones más para terminar este tramo.
El segundo tramo (Bellavista-Zumba-La Balsa, de 53 km) está en tierra. Para Quishpe, esta vía es importante por las relaciones comerciales y turísticas entre los dos países.
Los fines de semana, principalmente, hay más afluencia de peruanos como José Tapi, quienes cruzan el puente internacional para trabajar en las fincas. El ecuatoriano Cosme Calva dijo que en invierno hay problemas para movilizarse por los derrumbes y porque sube el caudal de las quebradas que cruzan la carretera.
Una segunda vía del sur del país con aumento de precios es la Gualaceo-Limón, de 60,77 kilómetros, que une Azuay con Morona Santiago; lleva nueve años en construcción. Se firmaron tres contratos para la reconstrucción y mantenimiento. El primero fue en el 2009 con la firma Hidalgo & Hidalgo por USD 26 millones.
Cuatro años después se adjudicó la culminación al Consorcio Gualaceo-Limón por USD 19,9 millones y en noviembre del 2016 se firmó el tercer contrato por USD 55 millones. Se prevé que la obra finalizará en agosto próximo.
Según el ministro de Transporte, Paúl Granda, las obras fracasan cuando no se planifican adecuadamente ni se toman las decisiones correctas y oportunas. “Las direcciones provinciales y coordinaciones zonales deben tener un sistema de seguimiento y evaluación permanente”.
La Gualaceo-Limón es una de las vías más riesgosas para la circulación, porque en invierno se cierra al tránsito vehicular, ya que hay zonas inestables como Ingamullo. Allí, se registran constantes deslizamientos y accidentes de tránsito con fallecidos.
El último percance ocurrió en diciembre de 2017, cuando una camioneta rodó por la pendiente y cayó al río San Francisco.
Cuatro personas murieron. Por ello, cuando hay lluvias constantes, las autoridades ordenan el cierre del paso vehicular en las noches.
Granda dijo que se realizan estudios de los puntos críticos y no descartó una inversión adicional. El exasambleísta, Oswaldo Larriva, hizo un seguimiento de los plazos incumplidos y costos en las obras viales de Azuay. Pidió que la Contraloría identificara a los responsables para iniciar procesos judiciales.
En una tercera obra, en la Sígsig-Chigüinda-Gualaquiza, el presupuesto se duplicó; debe entregarse en febrero, pero hay trabajos pendientes.
El mantenimiento de la Salado-Léntag-San Francisco, de 140 kilómetros (une El Oro con Azuay), debía entregarse en diciembre, pero tampoco cumplió y hay contratos complementarios por USD 38,1 millones. En la actualidad, se coloca la carpeta asfáltica.
Esta carretera y la Zhud-Biblián -la quinta cuestionada- son las de mayor tránsito vehicular en el sur de Ecuador. Las obras de esta última terminaron con un contrato complementario de USD 33,6 millones, pero aún no se las recibe.