La acción fue presentada la mañana de este miércoles 11 de marzo del 2020, en la Defensoría del Pueblo. Foto: EL COMERCIO
El Movimiento Fuerza Compromiso Social presentó una denuncia en la Defensoría del Pueblo por una supuesta vulneración a sus derechos de participación. La acción fue presentada la mañana de este miércoles 11 de marzo del 2020.
Es una respuesta a la sugerencia de la Contraloría sobre suprimir a su organización política por no cumplir con el requisito del 1,5% de firmas de afiliados.
El órgano de control hizo ese planteamiento tras un examen especial realizado al registro de organizaciones políticas, al sistema informático y de comunicación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Vanesa Freire, presidenta de Compromiso Social señaló que ya existió una recomendación de la Contraloría para que el CNE vigile el sustento legal de las organizaciones políticas.
“El Pleno del CNE no encontró ninguna causal del artículo 327 del Código de la Democracia para eliminar a nuestro registro electoral. Después de esa sesión hubo una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral que archivó la causa por no encontrar ninguna ilegalidad”, indicó Freire.
En la denuncia presentada se señala que “el 2 de enero del 2020, el CNE ratificó su personería jurídica”. Argumenta que esa decisión ya se dio tras un examen especial de Contraloría y que ahora el contralor Pablo Celi se extralimita en sus funciones al pedir la eliminación de su movimiento”.
Para la prefecta de Pichincha y vicepresidenta de Compromiso Social, Paola Pabón, la intención de eliminar a su organización es evitar que el exmandatario Rafel Correa participe en las elecciones del 2021.
Aunque Compromiso Social no está en el poder, la Prefecta de Pichincha dice que hay un intento de golpe de Estado en el Ecuador. En Bolivia dieron un golpe de Estado. Ahora quieren uno en el Ecuador. El golpe de Estado en el Ecuador es utilizando al Contralor General e impidiendo que Rafael Correa esté en la papeleta”.
Pabón añadió que emprenderán acciones no solo en el país sino en instancias internacionales. Hizo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Estados Americanos (OEA).
El asambleísta del correísmo, Franklin Samaniego señaló que la Defensoría del Pueblo es la máxima entidad de defensa de los derechos humanos en el país. Dijo que recurren a esa instancia porque existe un intento de proscripción política y así se vulneraría el derecho a la participación.