Pese al control militar y policial en el sector de El Camal, ayer cientos de personas compraban y vendían productos. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.
Con un megáfono en su mano, uno de los boinas rojas del Ejército pedía a los comerciantes informales y peatones que respeten los dos metros de distancia en las inmediaciones del mercado de Chiriyacu, sur de Quito, a las 09:30 del jueves 14 de mayo del 2020.
“Recordamos a la ciudadanía utilizar mascarilla, guantes y respetar la cuarentena, así como el toque de queda desde las 14:00…”, se escuchaba con fuerza desde el parlante.
Al mismo tiempo, personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) revisaba la documentación de los locales y vigilaba las ventas del sector.
Junto al soldado, cerca de 50 militares de Fuerzas Especiales, con camuflaje y portando armamento no letal, patrullaban en la zona como apoyo a los policías y personal del Municipio. El militar Jaime Pulles indicó que unos 300 efectivos al día hacen operaciones de control. De ellos, 200 son boinas rojas. Acuden a los puntos más sensibles para evitar delincuencia y tráfico de armas.
Cuatro caballos de la Unidad de Equitación de la Policía Nacional se dirigían por las aceras para retirar a los vendedores, que se oponían a abandonar el lugar. No les importaba mantener la distancia, ni usar protección para realizar sus actividades comerciales, a pesar de que en la capital se registraban hasta ayer 2 198 casos de covid-19 con 109 fallecidos.
“¡Quién nos va a dar de comer!”, gritaba una mujer mientras se retiraba con su mercadería. “Me muero de hambre en la casa, el Gobierno no ayuda”, dijo otro comerciante.
En la esquina de la av. Andrés Pérez y Manuel Navarro, un grupo de informales tomó sus productos y escapó apenas se percataron de la presencia de los soldados que llegaron a bordo de sus vehículos tipo Hummer; temían que les quitaran sus productos. “Este puesto es de mi hija, le ayudo a buscar un carro para irnos pronto”, dijo una vendedora.
Eso ocurría mientras un grupo de vecinos agradecía a las autoridades. Para Miguel Domínguez, el comercio informal es excesivo y las incursiones deben ser frecuentes.
Lo mismo opinó Carlos Salazar ya que las aglomeraciones se presentan de forma reiterada y se pueden incrementar los contagios en el vecindario.
Estefanía Grunauer, supervisora de la AMC, aseguró que los operativos interinstitucionales se realizan con el objetivo de generar conciencia y para que se cumpla la normativa. Eso implica la prohibición de ventas en las calles. Los negocios que no expenden productos de primera necesidad tampoco pueden abrir. “Nadie puede caminar por las vías o espacios públicos sin utilizar mascarilla o mal utilizarla”.
Hasta el jueves-acotó la funcionaria– se han dado 500 clausuras de locales y más de 2 000 personas fueron sancionadas por no usar mascarillas.
También se abrieron 1 700 actos de inicio para comenzar los procesos sancionatorios.
Sin embargo, al recorrer las calles del sur, centro y norte de Quito, así como en los valles aledaños, el irrespeto a la cuarentena se volvió habitual.
Las aglomeraciones de personas y congestión vehicular persisten. Es común encontrar familias pidiendo dinero en las calles o malabaristas, también locales que atienden al público con las puertas a medio abrir. Ni siquiera las vallas colocadas por el Municipio impiden las ventas informales en sectores como Nueva Aurora, Solanda o en las afueras del mercado Las Cuadras de Chillogallo.
A ese lugar último lugar se dirigieron después los militares y la AMC tras finalizar el operativo en Chiriyacu.
Los informales huyeron asustados por la calle S31B con dirección a la Manuel Chérrez.Las autoridades luego pasaron al centro de Chillogallo, en donde comenzaron a sancionar a quienes no utilizaban mascarillas y trabajaban en la calle.
Frente a la situación del comercio en los espacios públicos, Carlos Castellanos, dirigente de los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos -que en la capital agrupa a 100 000 personas-, dijo que la única solución es que el Gobierno entregue kits de alimentos y medicinas a sus compañeros de forma permanente y así ellos permanecerán en sus viviendas.
Un documento con esos pedidos fue entregado en el Palacio de Carondelet. La idea es que el Gobierno conozca sus pedidos. También buscan que les faciliten bonos para enfrentar la pandemia. “Estos días creció la curva del coronavirus y eso nos tiene muy preocupados”.
MÁS SOBRE LA EMERGENCIA SANITARIA