El 12 de abril, en el Comité del Pueblo (Quito) se hizo un operativo a las ‘caídas’, a propósito del caso Carolina. Foto: cortesía Policía
A partir de que estallara el caso Carolina, la Policía incrementó los operativos en contra de las ‘caídas’. Son fiestas clandestinas de adolescentes, en donde la Policía ha detectado el consumo de drogas, alcohol y relaciones sexuales entre los asistentes.
De acuerdo con las investigaciones, Carolina y otras jóvenes de entre 13 y 16 años fueron captadas en reuniones similares organizadas en la casa de alias ‘El Abuelo’, supuesto cabecilla de la red de trata.
Por eso, los agentes dicen que ahora se realizan 20 operativos mensuales en el país. El año pasado se ejecutaba una o dos intervenciones al mes.
Según la Policía, estas ‘caídas’ se promocionan por redes sociales o con volantes en las calles. Las fiestas se realizan en viviendas privadas, bodegas o galpones. Los adolescentes acuden de forma masiva.
Las indagaciones determinaron que los reclutadores que trabajaban para ‘El Abuelo’ entregaban las invitaciones a las chicas en los exteriores de los colegios que funcionan en el norte capitalino.
Las reuniones se organizaban al menos cada 15 días.
Otra forma de convocar a las jóvenes era publicar en Facebook los videos de las fiestas en el domicilio de ‘El Abuelo’.
Allí, los usuarios de la red social preguntaban la dirección de la casa y asistían. Según los agentes, en esas ‘caídas’ les ofrecían drogas y alcohol para obligar a las menores a tener relaciones sexuales con miembros de la red delictiva.
Un agente que trabaja en la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) indicó a este Diario que a cada ‘caída’ acuden hasta 50 jóvenes. Para ingresar al evento, los menores deben cancelar entre USD 1,50 y 5.
Para frenar estas citas juveniles sin permisos se desarrollan operativos a escala nacional. Los uniformados reciben las alertas a través de llamadas al ECU 911 o también los uniformados buscan en las redes sociales las convocatorias.
Cuando descubren el lugar y la fecha del evento acuden alrededor de 20 policías. Los gendarmes allanan el lugar con la autorización de un fiscal y sacan a los menores del inmueble. Luego les llevan a las oficinas de la Dinapen y allí llaman a sus padres para que los vayan a recoger.
Desde el 2014 hasta marzo del 2019 se han desarrollado 459 intervenciones en contra de estas fiestas clandestinas. Además, se han rescatado a
7 025 niños y adolescentes.
El pasado 12 de abril la Policía intervino en un encuentro de este tipo que se realizaba en una vivienda del sector del Comité del Pueblo, en el norte de Quito. Allí se encontraban 50 adolescentes.
Con la ayuda de la Intendencia de Policía se decomisaron los equipos de sonido, la droga, los tabacos y también alcohol que no tenía registro sanitario.
Este operativo se realizó porque en este sector de la ciudad era donde ‘El Abuelo’ reclutaba a las jóvenes. Además, fue en un terreno baldío de este sector, donde se encontró el cuerpo de Carolina con signos de violencia. Ese hecho ocurrió en agosto del año pasado.
Otro encuentro clandestino de jóvenes ocurrió la semana pasada. Los adolescentes fueron convocados para celebrar el cumpleaños de un joven, en el sector de Quitumbe (sur de la capital). La fiesta se desarrolló en la casa comunal de un conjunto habitacional privado.
Los vecinos escucharon música a todo volumen y vieron que jóvenes entraban y salían de una vivienda. Entonces advirtieron a la Policía Nacional de lo que sucedía allí. En esa ocasión se desalojó del evento a 75 adolescentes. En ese lugar, además de droga y alcohol, encontraron preservativos.
Marcelo Parra, director nacional de la Dinapen, indicó que estas citas, al ser organizadas de forma clandestina y en lugares improvisados, no cuentan con permisos de los Bomberos y es un “riesgo para la seguridad de los jóvenes”.
El oficial aseguró que estos bailes se hacen en sitios sin salidas de emergencia y tampoco cuentan con extintores. “Por eso hay mayor riesgo de que ocurra un incendio”.
Parra indicó que los operativos que se realizan son preventivos. La idea es “evitar que los niños y adolescentes sean víctimas de delitos como el microtráfico, trata de personas y otros ilícitos como violaciones o abusos sexuales”.
Actualmente, uno de los delitos que la Fiscalía investiga en el caso Carolina es la violación con muerte de la joven. Según el Código Penal (art. 171), este delito es sancionado con cárcel de 19 a 22 años. También se indaga la trata de personas.