Las consultas populares sobre temas políticos se estancan

De las al menos 14 propuestas de consulta popular y referendos emitidas entre 2011 y 2015, apenas dos se han realizado y otra se cumplirá este domingo, en el sector de La Manga del Cura. Allí se definirá si este territorio pertenecerá a futuro a Manabí o Guayas. Y ayer, el Consejo Nacional Electoral comenzó la verificación de firmas para una nueva consulta sobre la tarifa de transporte público en Guayaquil, promovida por sectores cercanos al alcalde Jaime Nebot. El plazo para conocer sus resultados es el 7 de octubre próximo.

Antes solamente habían pasado el referendo y plebiscito presentado por el presidente Rafael Correa y la consulta sobre la pertenencia de La Concordia a Esmeraldas o Santo Domingo de los Tsáchilas. Ambas fueron aceptadas por la Corte Constitucional.

En esa instancia están ahora los pedidos relacionados con la explotación minera en el sector de Kimsakocha, en Azuay: uno a favor y otro en contra. Pero hay otros procesos que no contaron con el aval de la Corte o que recibieron la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE), para la entrega de formularios para la recolección de firmas.

El referendo propuesto por Sociedad Patriótica en octubre del 2014, por ejemplo, aún está en el limbo. Según el expresidente Lucio Gutiérrez, la Corte devolvió el pedido de consulta que buscaba que se decida si una autoridad podría ser reelecta una sola vez y en períodos no sucesivos. El motivo expuesto fue que no se entendía qué era exactamente lo que se estaba solicitando.

El partido hizo una aclaración y reingresó el pedido. Aunque ha consultado sobre el proceso dos veces en lo que va del año, aún no ha recibido respuesta. “No hay un plazo definido, pero nuestro pedido de consulta está vigente y en la Corte Constitucional. Según analistas jurídicos, la propuesta está bien planteada y fundamentada y la Corte no podría hacer otra cosa que aprobarla”.

Para el analista Simón Pachano, es evidente que las consultas de contenido político no serán aceptadas. Temas como el de la explotación petrolera en el Yasuní o las cinco que buscan frenar las enmiendas constitucionales que se debatirán en diciembre en la Asamblea Nacional no tendrían futuro. “Al Gobierno no le interesa que haya iniciativa ciudadana para este tipo de cosas.

Sabe perfectamente que quien hace la pregunta y maneja la consulta tiene las posibilidades de ganar”, dice el analista.

Pachano agrega que la Corte Constitucional y el CNE deberían ser entidades de carácter autónomo, pero que “es claro que no lo son. Es muy clara la situación de que este tipo de consultas no se hacen por eso”.

Según el artículo 438 de la Constitución, la Corte “emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad” en cuanto a pedidos de consultas populares nacionales o locales.

Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, dijo ayer que personalmente considera que ese debería ser el proceso normal para toda consulta popular o referendo, sin embargo, respeta los dictámenes de la Corte, que dice lo contrario.

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