Diana Atamaint, principal del CNE, compareció en comisión del Legislativo. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dictaminó el pago de una multa equivalente a 20 remuneraciones básicas unificadas (USD 7 880) a los consejeros de mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE): Diana Atamaint (presidenta de la entidad), José Cabrera y Esthela Acero.
¿La razón? Con sus votos se aprobó la resolución PLE-CNE-3-7-9-4-2019-ORD-R, la cual dio paso a la impugnación del Partido Social Cristiano (PSC) sobre los resultados electorales en Los Ríos de los comicios del 24 de marzo pasado, que anuló lo resultados que obligó a un reconteo.
El juez Ángel Torres, del TCE, estuvo a cargo del caso que fue denunciado por la excandidata a la Alcaldía de Mocache (provincia de Los Ríos) del movimiento oficialista Alianza País (AP), Yenny Domínguez Saltos.
Este conflicto se inició el 3 de abril pasado con el cierre anticipado de la sesión permanente de escrutinio, por parte del entonces presidente de la Delegación de Los Ríos, Luis Páez.
El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien votó en contra de la resolución por lo que no fue multado por el TCE, señaló que el cierre de la sesión de escrutinio “dejó en indefensión a las organizaciones políticas”, ya que no pudieron presentar reclamos a los resultados de los comicios.
El Pleno del CNE resolvió ampliar el período de escrutinios en Los Ríos por 10 días más. Ese plazo se contaba desde el 4 de abril de 2019. También decidió destituir del cargo a Páez.
La impugnación del PSC fue al dictamen de ampliar el plazo de escrutinio. Con esto, según la queja presentada en el TCE, “se procede a reconocer los resultados electorales emitidos por el presidente que fue destituido” por el Pleno del CNE.
Tras el análisis de las pruebas de las partes, el juez del TCE, Ángel Torres, definió como sentencia de primera instancia, que “declarar la validez de un acto administrativo absolutamente nulo incumplió principios y reglas constitucionales y legales cuya decisión puso en riesgo el debido proceso y la seguridad jurídica reconocidos en la Constitución de la República”.
Tres sanciones eran posibles, según la Ley: la destitución del cargo, la suspensión de los derechos políticos o una multa económica. Con base en la gravedad de lo actuado, según la sentencia, se optó por la multa.
Domínguez comentó que los resultados perjudicaron “la voluntad popular”. Para ella, el reconteo que realizó la nueva Junta conformada después de la destitución de Páez, la ubicaba como ganadora en Mocache. “Todo eso cambió el reconteo que se realizó en Quito”, señaló.
Diana Atamaint prevé apelar hoy la decisión del TCE, último día del plazo para presentar ese recurso.
Por su parte, José Cabrera dijo que sus actuaciones se han mantenido apegadas a Derecho, por lo que también apelará la sentencia. “Una vez que la conozca el juez debe elevarse al Pleno del TCE para aceptarla o rechazarla”, comentó.
Este nuevo cuestionamiento se da en medio de una fuerte división en el interior del CNE. Los consejeros de este cuerpo colegiado han comparecido a la Comisión de Fiscalización y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, donde se habla de la posibilidad de un juicio político al CNE Transitorio y al actual.
Ayer, la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo resolvió continuar el control político al CNE sobre el proceso electoral pasado en el que se eligieron autoridades seccionales y miembros del Cpccs.
La comisión además resolvió pedir al TCE que determine si hubo infracciones en la calificación de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
En contexto
Durante las dos últimas semanas, las diferencias entre los consejeros de mayoría y minoría del Consejo Electoral se acentuaron. El caso Tuárez, la demora en la entrega de credenciales y el sistema informático propiciaron acusaciones.