La Conaie se pone a prueba con el levantamiento

En el salón de la junta parroquial de Salasaka se concentraron los miembros de la Conaie. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

En el salón de la junta parroquial de Salasaka se concentraron los miembros de la Conaie. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

En el salón de la junta parroquial de Salasaka se concentraron los miembros de la Conaie. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

Un silencio incómodo hubo en la sala de la Junta Parroquial de Salasaka, en Tungurahua. La interrogante “¿y si perdemos?”, que se escuchó el fin de semana en la Asamblea anual de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), planteaba un posible destino del levantamiento indígena que se anunció para el 2 de agosto.

Algunos dirigentes, como Jorge Herrera, prefieren evadir la pregunta: “Eso no lo puedo responder yo. Tendría que contestarlo el Gobierno”. Otros, como Salvador Quishpe, optan por ser más optimistas: “Seguiremos en la lucha, que es infinita. Una batalla perdida no sería el fin. Tenemos el deber de seguir luchando”.

El hecho es que la Conaie sabe que medirá sus fuerzas en un nuevo levantamiento indígena que demandará del Gobierno un cambio en sus políticas ambientales, la derogación de las 16 enmiendas constitucionales y todo un listado de peticiones que también incluye el archivo definitivo de los proyectos de ley de herencias y plusvalías.

La resolución de unirse al paro nacional convocado por el Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones sociales se tomó el fin de semana en Salasaka, parroquia indígena de Ambato. Los indígenas afiliados a la Conaie decidieron que marcharán desde Zamora Chinchipe, sur del país, y desde la Amazonía, el 2 de agosto.

“Convocamos a un gran levantamiento indígena y de todos los pueblos del país porque con el gobierno ya no podemos dialogar, lo hemos intentado por ocho años. Ahora queremos respuestas concretas”, dijo el presidente de la organización, Herrera.

Pero, para los representantes de las 13 nacionalidades indígenas que acudieron a la asamblea ordinaria anual de la Conaie, el levantamiento es una palabra sagrada por la lucha histórica que representa. Esa reflexión hizo que nuevas interrogantes surgieran en el debate, que se extendió el sábado por cerca de tres horas antes de tomar las resoluciones finales.

“¿Estamos preparados para un levantamiento de esta magnitud? ¿Y si nuevamente nos enjuician?”. Esas fueron dos preguntas que predominaron la cita. “Compañeros, sin miedo. Nuestra lucha es justa”, gritaban indígenas desde el fondo del salón . Otro decía que deben prepararse “para actuar con sabiduría en caso de represalias. Hay compañeros que están enjuiciados y cerca de la cárcel”.

El diálogo interno de los delegados a esta asamblea se pretendió llevar adelante con hermetismo. Herrera pidió a los líderes de cada delegación verificar que los miembros de su comisión fueran personas de su absoluta confianza. Los demás fueron desalojados de la sala de reuniones. Un chicote (látigo hecho con un retazo de piel de oveja y un palo), se colocó en la puerta, como símbolo de orden, y esta se cerró.

Todos los desconocidos al movimiento fueron apartados, incluso de los exteriores del salón, cuando se iniciaron las deliberaciones finales. Tres hombres de cabello largo se ocuparon de custodiar que nadie ajeno al movimiento pudiera escuchar el diálogo íntimo de los dirigentes.

Por votación unánime, los indígenas del país se declararon movilizados. Esta resolución se hizo pública mientras un grupo gritaba “¡Llugshi, Correa llugshi!” (Fuera, Correa, fuera). Los ánimos se encendieron a medida que iban avanzando y radicalizándose los discursos.

En la rueda de prensa, la dirigencia hizo énfasis en que la intención no es desestabilizar al Régimen, sino demandar un cambio de actitud y respeto por la democracia del país.

Pero, sobre todo, recordaron el año del primer levantamiento que cambió para siempre el papel de los indígenas en la política nacional. “Ahora empezamos un trabajo de minga, como lo hicimos en 1990, cuando la situación del país requirió de nuestra decisión colectiva”, enfatizó Herrera.

A 14 días de la marcha, que algunos denominaron ‘la caminata por la vida y los derechos’, los dirigentes provinciales retornaron a sus casas con la misión de organizar a la gente de las comunidades que se sumará al levantamiento indígena.

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