El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, en un recorrido en el hospital del IESS de Guayaquil. Foto: cortesía vicepresidencia.
El proceso contractual de emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para adquirir mascarillas N95 por un valor unitario de USD 12 hizo que las instituciones de control anunciaran acciones.
La Secretaría Anticorrupción, la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado e incluso la Fiscalía anunciaron que iniciarán investigaciones a las fases previas de la licitación. Además, la orden de compra finalmente fue suspendida, según anunció Paúl Granda, presidente del Directorio del IESS, quien aseguró que las compras no se habían realizado aún. “Usaré mi atribución de fiscalización para determinar si existió o no alguna irregularidad”, dijo.
El IESS había adjudicado a la empresa Almantop SA la adquisición de tres millones de mascarillas, tanto quirúrgicas y de protección N95. Además, 14 millones de guantes de látex, 663 000 batas y 13 000 pantallas faciales de protección ocular. De igual forma, solicitaban 73 000 unidades de gel antiséptico.
Tal como lo desveló EL COMERCIO en su edición del pasado sábado, este proceso tenía la adjudicación del contrato con el valor nominal de USD 12 por cada mascarilla de seguridad N95. Además, que El IESS tenía el 92,7% (USD 10,01 millones) del monto adjudicado a todos los contratos en la modalidad de emergencia publicados en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que en total sumaban USD 10,08 millones.
En la Superintendencia de Compañías la firma adjudicada tiene registrado su objeto social para venta de comidas y bebidas en cafetería. Sin embargo, en portales web aparece como una empresa dedicada a la venta al por mayor de dispositivos, materiales médicos, quirúrgicos y dentales.
En la adjudicación, cada mascarilla N95 estaba cotizada en USD 12, mientras que hay empresarios mayoristas y minoristas que ofrecen el producto en hasta USD 6.
Un empresario que distribuye estos productos en Ecuador, que pidió mantener la reserva, explicó que en enero pasado el costo de las mascarillas N95 en Estados Unidos era de USD 1,04. Con el flete, dependiendo de si se importaba al país en barco o en avión, podían llegar a cotizarse en USD 3.
Debido al avance de la pandemia del covid-19, el precio hasta la semana pasada en EE.UU. oscilaba entre USD 3,04 y 3,08. En el país, se las podía conseguir en USD 4,50.
Esa fuente asegura que, una vez que se dio a conocer el escándalo de las mascarillas cotizadas en USD 12 y las acciones anunciadas por las autoridades, se ha normalizado el precio de estos productos. Dependiendo de las pujas, desde esta semana se las podría ofertar entre USD 5,50 y 6.
El sábado, Paúl Granda aseveró que 40 empresas mostraron su interés de participar en la licitación, pero solo siete presentaron ofertas.
El funcionario señaló que “el mercado está distorsionado y que los precios se han incrementado” por el contexto de la pandemia. Además, hizo una nueva convocatoria a los proveedores de estos insumos.
José de la Gasca, secretario Anticorrupción, apeló a la “sensatez” de los oferentes y anunció que esa dependencia creará una unidad especial en el Ministerio de Salud y en el IESS para dar seguimiento a las contrataciones por la emergencia sanitaria.
El domingo 29 de marzo del 2020, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, anunció que los procesos de contratación por la emergencia serán en tiempo real para una veeduría ciudadana.
“A los proveedores de insumos del área de salud, este no es el momento de hacerse millonarios. El país necesita todos esos productos y no vamos a permitir la especulación”, manifestó Sonnenholzner.
El contralor, Pablo Celi, emitió una orden de trabajo para ejecutar un examen especial a los procesos en el IESS, relacionados a la contratación de insumos para solventar la crisis sanitaria del coronavirus, entre el 16 y el 27 de marzo. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado anunció que investigará el caso e impondrá las sanciones que ameriten a quienes incurran en conductas anticompetitivas.
La Fiscalía recaba de oficio datos de la orden del proceso. “La fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha dispuesto la apertura de una investigación previa ante las presuntas irregularidades en la contratación de insumos médicos por parte de IESS”, anunció en su cuenta de Twitter.