Comisión legislativa se allanó al veto a la Ley que pasa fondos previsionales al Biess

La Comisión de Derechos de los Trabajadores acogió hoy, miércoles 6 de noviembre del 2014, las dos observaciones que realizó el Ejecutivo a la Reforma de Ley que busca pasar 54 fondos a manos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Estos fondos que han centrado el debate público los últimos tres meses nacieron en los años setenta con miras a mejorar la jubilación y cesantía de trabajadores públicos y privados, como un beneficio adicional a los que entrega el Seguro Social.

Se denominan “cerrados” porque en ellos solo pueden participar los trabajadores de una misma empresa, como los fondos del Banco de Fomento, de los empleados civiles de las Fuerzas Armadas, etc.

El proyecto se centró inicialmente en el Fondo de Cesantía del Magisterio, pero luego se amplió a otros fondos con el argumento de supuestos malos manejos, lo que ha sido rechazado por sus administradores, y porque recibieron aportes estatales.

Esto se definirá luego de que la Superintendencia de Bancos realice auditorías, según fijó el proyecto de ley y que ya dispone el Código Monetario, hoy en vigencia.

El Mandatario hizo dos objeciones al proyecto a este proyecto aprobado en segundo debate por la Asamblea. La principal objeción se refiere al nombramiento de un coadminitrador por parte de la "Súper" de Bancos mientras duran las auditorías, como planteó la Asamblea.

Para el Ejecutivo, esto significaría que la "Súper" sea, a la vez, quien controle y el controlado, por lo que sugirió nombrar un interventor (una especie de fiscalizador) y no un coadministrador.

La segunda es suprimir el numeral 21 del artículo 12 de la Ley del Biess, para que la entidad pueda administrar los recursos de los fondos.

Betty Carrillo, presidenta de esta comisión, señaló que ambas observaciones fueron acogidas. Dijo que el informe ya fue entregado a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y que posiblemente se apruebe finalmente en la sesión del pleno la próxima semana.

Una vez que este proyecto de Ley esté publicado en el Registro Oficial, explicó Carrillo, la Superintendencia de Bancos comenzará las auditorías a los 54 fondos. El organismo de control tendrá 180 días para presentar un informe y determinar qué fondos han recibido dineros del Estado.

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