El 4 de julio se reunieron los integrantes de la Ceicce con autoridades de la Asamblea. Foto: Archivo EL COMERCIO
Uno de los compromisos acordados durante la visita del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, fue respaldar al Ecuador en la lucha contra los actos de corrupción.
El presidente de la República, Lenín Moreno, solicitó fortalecer la cooperación para iniciar un proceso de recuperación de activos, así como lograr la extradición de personas juzgadas y condenadas por delitos de este tipo en el país.
Ecuador ha enviado 31 pedidos de extradición a la justicia estadounidense. De ellos, 16 solicitudes corresponden a delitos como peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito, vinculados a la corrupción.
Pompeo, el segundo funcionario con mayor poder en el gobierno de Donald Trump, señaló que trabajará junto a las autoridades locales para identificar a los responsables.
Además de la asistencia legal, Ecuador abordó la necesidad de contar con apoyo financiero para el funcionamiento de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción (Ceicce), instancia creada por el Gobierno con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).
Esta iniciativa, lanzada a mediados de mayo, aún se encuentra en fase de arranque.
Arnaud Peral, coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, indicó que a principios de julio los cuatro expertos de la comisión entregaron un primer borrador del estatuto para viabilizar el funcionamiento jurídico del ente.
El coordinador de ONU dijo que internamente analizarán ese articulado, para luego presentarlo al Gobierno central.
Una vez aprobado, se pondría en marcha el “plan de acción de la Ceicce”. Para el efecto, la Comisión reclutará personal técnico del país, lo cual tomaría “algunos meses”.
Peral adelantó que a principios de julio el Gobierno hizo una primera transferencia de aproximadamente USD 1 millón a la Unodc, para financiar el arranque de la Comisión.
“Es un tema prioritario. Soy optimista de crear un modelo útil para el país, pero que obviamente no va a resolver todos los problemas”, manifestó.
Los comisionados Stacy De la Torre, de Estados Unidos; Nicolás Rodríguez, de España; Claudia Escobar, de Guatemala; y Carlos Hernández, de Honduras, han mantenido reuniones con autoridades de la Asamblea, de la Corte Nacional de Justicia, y de otras dependencias del Estado.
César Litardo, presidente del Legislativo, mostró su respaldo a los comisionados internacionales, quienes abordaron la necesidad de contar con un centro coordinador, que permita articular todos los esfuerzos contra estos delitos.
Por fuera de esa iniciativa, actualmente en la Asamblea reposan dos proyectos de Ley para combatir la corrupción.
En la Comisión de Justicia se tramita el informe para primer debate del proyecto de Ley de Extinción de Dominio.
Para el análisis de ese cuerpo se unificaron tres propuestas que fueron presentadas por el exfiscal Carlos Baca Mancheno, la exasambleísta Paola Vintimilla y el Ejecutivo.
Iván Granda, secretario Anticorrupción, considera que esta es una Ley prioritaria, que permitirá recuperar los bienes obtenidos de forma ilícita, no solo vinculados al narcotráfico, sino también a otros delitos como cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
“Hemos planteado nuestros aportes para que se los tomen en cuenta y tener la Ley lo más perfecta posible”, dijo Granda.
La lucha contra la corrupción también se trata en el denominado Acuerdo Nacional, impulsado por el Gobierno.
En esa línea, la Asamblea prevé que en el segundo debate de las reformas del Código Integral Penal (COIP) se integre la Ley Anticorrupción para la Protección de Denunciante.
Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia de la Legislatura, apuntó que se prevé que el informe sea tratado antes de la vacancia legislativa, prevista para el 12 de agosto.
El proyecto de Ley Anticorrupción y Protección al Denunciante unificó dos propuestas, una de ellas remitida por el Ejecutivo en el 2018.
El articulado introduce mecanismos de salvaguarda, como enviar en “comisión de servicio” a otras instituciones, a los funcionarios públicos que denuncien actos irregulares.
Además, se establecen derechos de repetición y se plantea introducir “motivaciones económicas” para denunciar estos delitos. También se plantea que el denunciante podría recibir entre el 10 y 20% de lo que se recupere producto de la corrupción.