En su parte fundamental el informe recomienda la censura y destitución de Azuero, a quien se lo responsabiliza de “sobrepasar los límites de legislar y fiscalizar”, y “gestionar el nombramiento de cargos públicos”. Foto: Archivo EL COMERCIO
Con 14 conclusiones y 3 recomendaciones terminó el trabajo de la Comisión Multipartidista que se encargó de investigar al asambleísta Eliseo Azuero (BADI), por gestión de cargos y fondos públicos.
El informe que irá para resolución del Pleno fue aprobado hoy, viernes 4 de septiembre de 2020, por unanimidad por José Serrano (AP), Franco Romero (independiente) y Liliana Durán (RC), integrantes de esta instancia.
“Los hechos son evidentemente notorios y ha quedado demostrado documentalmente, y en las comparecencias, que existe una infracción relacionada al tráfico de influencias por parte del asambleísta Azuero”, expresó Serrano quien, en calidad de presidente de la Comisión, mocionó la aprobación del texto.
En su parte fundamental el informe recomienda la censura y destitución de Azuero, a quien se lo responsabiliza de “sobrepasar los límites de legislar y fiscalizar”, y “gestionar el nombramiento de cargos públicos”.
La denuncia contra el legislador fue planteada por la asambleísta del correísmo Amapola Naranjo, tras las denuncias de corrupción sobre el contrato del hospital de Pedernales que involucra a Azuero con el exlegislador Daniel Mendoza.
La Comisión concluyó que entre ambos “existió una relación más allá de la ética”. Esto, a pesar que a través de un video y en oficios, Azuero lo negó.
Una de las pruebas tiene que ver con una versión del exdirector del Secob, René Tamayo, ante la Fiscalía, en la que acusa presiones de Azuero para la designación de funcionarios.
Entre las recomendaciones constan que el pleno de la Asamblea “llame la atención” al presidente Lenín Moreno y al exsecretario de la Administración, José Agusto Briones, por no atender los pedidos de comparecencia de la Comisión.
Además, plantean que el expediente sea enviado a la Contraloría y la Fiscalía para que investiguen una supuesta trama de cuotas políticas desde el Ejecutivo.
Antes de aprobar el informe, la Comisión conoció un oficio en el cual Azuero argumentó que la denuncia presentada en su contra por Naranjo se basa en “rumores y en recortes de prensa”.
Sin embargo, tanto Naranjo como Durán impugnaron los argumentos del asambleísta, que no compareció para defenderse ante la Comisión. Durán dijo que no existió colaboración de Azuero y que él intentó bloquear la investigación.
El comisionado Franco Romero, a quien también se lo alude en supuestos diálogos entre Azuero y Mendoza, señaló que se trata de un proceso “doloroso” contra su colega.
El paradero de Azuero se desconoce luego de que el 17 de julio pasado un juez nacional ordenó su prisión preventiva por supuesta delincuencia organizada.