General Patricio Carrillo, comandante General de la Policía. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Entrevista al general Patricio Carrillo, comandante General de la Policía.
¿La delincuencia le está ganando la partida a la Policía Nacional y al país?
Creería que el año anterior sufrimos un incremento en la tasa de muertes violentas, pero ese incremento no sucede en todo el Ecuador. Eso ocurre en un territorio específico.
Pero las estadísticas del Ministerio del Gobierno dicen que hay un crecimiento en 11 provincias.
Sí hay un aumento de 171 muertes violentas. En cuanto a la tasa de homicidios, esta subió de 5,8 (casos por 100 000 habitantes) a 6,3. No es poco.
¿Por qué ocurre aquello?
¿Dónde está el cambio brusco? Está en que hasta el 2018 no teníamos la participación de extranjeros, de una nacionalidad específica, como víctimas o como victimarios. Por las condiciones de vulnerabilidad en la que llegan, ciudadanos venezolanos están participando como víctimas o victimarios. Hasta el 2018 no teníamos esos niveles de participación, en el 2019 sí.
¿Es un fenómeno nuevo?
Sí. Los extranjeros son básicamente venezolanos. Ahora, siempre ha existido una participación de extranjeros en delitos y en casos de violencia, pero el porcentaje ha sido mínimo. Ahora sí ha crecido.
¿Qué cifras hay?
Nosotros teníamos un 2% o 3% de participación de extranjeros en homicidios, como víctimas o como victimarios. En el 2019 subió al 6%. Los venezolanos representan el 2%. Hubo 24 ciudadanos de ese país que fueron víctimas y hubo unos 40 victimarios. Ahora, hay que decir que es la condición de vulnerabilidad en la que llegan al Ecuador, no es la nacionalidad misma.
¿Qué hacer?
Modificar varias políticas. Una de esas es la Ley de Movilidad. El Ecuador debe incorporar temas fundamentales como trabajo y bienestar para la población migrante. Sin embargo, este es un trabajo que va más allá de la Policía.
¿Qué otro factor influye en el aumento de muertes?
Otro cambio brusco, que no teníamos en el 2018 y en años anteriores, fue el crecimiento de asesinatos de personas con antecedentes penales. El Ecuador hizo un gran trabajo desarticulando organizaciones que fueron judicializadas. Pero resulta que en el 2019 cumplieron penas pequeñas, salieron y perdieron la vida. En el 2019 tuvimos más de 150 casos de personas con antecedentes penales que perdieron la vida en el país.
¿Por qué ocurre esto?
Luchas de poder, personas ligadas a negocios criminales de alta rentabilidad que generan fragmentación. Cuando uno detiene a un líder no es que termina con el mercado, sino que otras personas de la misma estructura delictiva se fragmentan y buscan sus espacios territoriales y la única forma es imponiendo el miedo y la fuerza. Por eso utilizan la violencia para ejercer el poder y esto sucede en territorios específicos. ¿Cuáles son esas provincias? El Oro (Machala) y Guayas (Guayaquil).
¿En esas muertes entran también los asesinatos registrados en las cárceles?
Otro cambio brusco es precisamente el hacinamiento carcelario. En el 2019 tuvimos 14 muertes violentas más en comparación con el 2018. Son muertes selectivas. Los que perdieron la vida son los líderes de Los Cubanos, cabecillas de los Choneros o Telmo Castro. Hoy se ha estabilizado, pues una de esas dos organizaciones quedó mermada y la otra ejerce todo el poder.
Ahora, los delitos también subieron en el país.
Sí hubo un incremento en varios delitos, pero no es un incremento absolutamente significativo, pero sí hubo incremento. También aumentó la desarticulación de organizaciones delictivas.
¿Preocupa hechos como los registrados en Guayaquil, cuando un sospechoso muere y después circula un video donde amenazan a un policía y a un fiscal?
En esto quiero ser enfático. El Ecuador no puede soportar esto. Es un desafío al Estado. No es amenazar a un ser humano, es amenazar a toda la estructura del Estado y eso no se puede permitir. Nosotros con toda la frontalidad vamos a investigar, identificar a los responsables y no vamos a permitir, porque es confrontarle a la institucionalidad.
Pero ya lo permitieron. En octubre sucedió lo mismo en Los Ríos. Hubo personas disparando al aire y armas en un ataúd. Así enterraron al miembro de una banda delictiva y no han detenido a nadie.
Yo empecé mi gestión la semana anterior y he dicho claramente que no vamos a permitir y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer.
En cuanto a las protestas de octubre, ¿cómo está la relación policías- barrios?
Estamos mejorando ese tejido social, porque quedó fragmentado. El nivel de agresión fue impensado, pero al siguiente día de finalizada la protesta los mismos barrios comenzaron a organizarse con mingas de limpieza y para la reconstrucción.
Eso a nivel urbano, a nivel de comunidades indígenas, ¿cómo está la relación con los policías?
Hay comunidades en las cuales, en realidad, aún no podemos mantener un control, especialmente en provincias como Cotopaxi, en donde los comuneros están con un comportamiento distante de lo que dice la norma. Tienen su propia capacidad de justicia indígena, que están haciendo uso. Ahora, hay varios territorios en los que también han mejorado las relaciones.
¿Qué hicieron para acercarse a esas comunidades?
Ellos mismos demandan el servicio de la Policía. Son asuntos de convivencia que se van recuperando poco a poco. Pero el Gobierno también hace trabajo de acercamiento.
Luego de estas protestas, ¿cómo han reforzado los equipos antimotines?
Para este año, el Gobierno ha cristalizado un presupuesto de unos USD 35 millones, en el que están proyectos para la frontera, proyectos de equipamiento, de modernización, de inversión, de construcción de Unidades de Vigilancia Comunitaria, de UPC.
¿También comprarán material como gases?
Estamos repotenciando todo el material, el equipo, los vehículos antidisturbios y el equipamiento personal.
Trayectoria del general Patricio Carrillo:
Ingresó a la Policía hace 34 años. Es estratega de la seguridad. Antes de ser Comandante fue Director de Operaciones, desde donde dirigió, por ejemplo, la lucha contra la minería ilegal. Estuvo a cargo de los operativos de seguridad durante la visita del Papa, en 2015, y durante las protestas violentas desatadas en octubre.