La placa será develada en memoria de los niños del sexto C y llevará está frase: “Por las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo”.
Así lo dispuso la Corte Constitucional luego de conocer los hechos que se cometieron en el 2010 en contra de 41 niños de un plantel del sur de Quito (este Diario no incluye el nombre del centro educativo para evitar una estigmatización de los alumnos que allí estudian).
Un profesor (quien tiene dos condenas penales) atentó contra los menores que entonces tenían 10 y 11 años. En marzo del 2016, la Corte de Pichincha ratificó una sentencia en su contra.
Los testimonios de los pequeños fueron desoladores. La fiscal Mayra Soria, quien indagó el caso, dijo que fue uno de los procesos más duros de su carrera. En el expediente judicial consta la versión de niños. Sus nombres son letras; la Fiscalía protegió sus identidades.
Ocurrió dentro del aula, cuyos ventanales habían sido cubiertos con cortinas. En el juicio se probó que el maestro obligaba a los niños a desnudarse en la clase, les acariciaba los genitales y les introducía marcadores. Él les decía que era para que aprendieran las partes del cuerpo.
El profesor, además, proyectaba películas pornográficas y pedía a los pequeños que se desnudaran e imitaran las escenas. Los exámenes médicos revelaron que los niños fueron víctimas de maltratos, agresiones físicas, psicológicas y sexuales, concluyó la Fiscalía.
Así transcurrieron las clases durante el año electivo 2010 y parte del 2011. Los menores pasaron a séptimo año de básica y el profesor siguió con esas prácticas, según la Fiscalía. Tras la investigación, un Tribunal de Pichincha condenó al profesor a siete años de cárcel bajo el delito de atentado al pudor.
Además, él tiene otra sentencia ejecutoriada de 16 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor.
Walter Enríquez, abogado del centro educativo, revela este Diario que acudirán a instancias internacionales, pues considera que el colegio no pudo defenderse. “No fuimos parte procesal, pese a que nosotros solicitamos en reiteradas ocasiones que se nos incluya”, señala.
Enríquez dice que fue un hecho lamentable. Por eso tomaron medidas inmediatas. Por ejemplo, dijo, despidieron al profesor y empezaron con un proceso de ayuda a los niños. Contrataron una empresa especializada para tratar a los menores.
Los pequeños estuvieron en terapias por más de seis meses; el abogado asegura que se reforzó el departamento de psicología del centro: antes tenía dos especialistas, ahora dice que hay seis.
Pero para las familias de los niños, ahora ya adolescentes, el proceso de recuperación fue difícil. En el juicio dijeron que sus niños jamás volverán a ser iguales. Por eso, como medida de reparación, la Corte ordenó la develación de la placa. Además, el profesor debe pagar una indemnización de USD 10 000 a cada víctima, aunque esto aún no se ha cumplido.
De los 41 niños, 10 se quedaron en la institución y el resto abandonó el establecimiento. Estos últimos están próximos a graduarse y se espera que hoy asistan al plantel, porque a la 10:00 se develará la placa en el aula donde ocurrieron los hechos.
Así lo confirma Walter Enríquez, abogado del centro educativo. El jurista dice que cumplirán con la sentencia de la Corte Constitucional.
Los padres de los estudiantes también testificaron en el proceso. Entre los relatos se recoge que los niños tenían miedo de delatar los abusos. El maestro los amenazaba con matar a sus padres, quemar sus casas y les agredía físicamente. Esos detalles también constan en las indagaciones.
Dentro del proceso, un niño contó que el ahora exprofesor les lastimaba con la punta del compás y les quemaba la piel con aparatos del laboratorio de ciencias naturales.
La Fiscalía determinó que el maltrato no solo se infringía en el aula de clases, sino que el profesor visitaba las casas de los alumnos, entablaba amistad con los padres y acosaba a los menores. Incluso se determinó que jugaba ecuavóley con un padre, cuyo hijo era abusado.
Cuando se revelaron los hechos, el maestro huyó y no fue hasta el 2015 que se supo de él en Solanda, en el sur de la capital. Desde entonces se encuentra detenido.