Participación Ciudadana monitorea 11 medios para detectar posibles infracciones. Foto: API
El control de las infracciones electorales en la primera semana de la campaña proselitista tuvo altibajos. El Código de la Democracia establece prohibiciones para esta fase, tanto para los candidatos como para las autoridades de las instituciones del Estado.
La vigilancia se complicó debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó el contrato para monitorear la campaña el 8 de febrero de 2019, cuatro días después de que se iniciara esta etapa.
La normativa prohíbe, por ejemplo, difundir propaganda que dure más de 60 segundos o publicidad que induzca a la violencia o a alguna forma de discriminación.
Diana Atamaint, presidenta del CNE, aseguró que el monitoreo oficial para controlar las infracciones y la publicidad de los candidatos se inició el fin de semana pasado.
El consejero José Cabrera lo ratificó pero indicó que hasta el momento “no ha revisado los reportes”, que la empresa encargada de esa tarea debe emitir diariamente al CNE.
El vicepresidente del ente electoral, Enrique Pita, marcó distancia y dijo “desconocer y no estar al tanto” de cómo se lleva adelante este control.
El consejero Luis Verdesoto fue más allá al decir que el CNE “navega a ciegas”, pues no cuenta con los instrumentos para vigilar las infracciones. Verdesoto calificó de “penosa” esta situación y reveló que ayer recibió dos denuncias de posibles irregularidades.
Una de ellas cuestiona el espacio que dispone un candidato a la Alcaldía de Quito en un programa radial. “Esto implica que no podemos sancionar vulneraciones flagrantes a la Ley”, indicó el consejero.
El Código de la Democracia establece prohibiciones para las instituciones del Estado. Por ejemplo, los funcionarios públicos no pueden promocionar sus nombres a través de obras o proyectos a su cargo durante la campaña. Otra infracción es emitir publicidad de instituciones estatales sin la autorización del CNE.
Para que no haya un desfase en el control de la normativa electoral, Atamaint anunció que se apoyarían en el monitoreo de Participación Ciudadana y de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).
Sin embargo, la Supercom confirmó que solo se analizó esa posibilidad y que no se emitió ningún reporte al CNE.
Participación Ciudadana, en cambio, presentó ayer su primer informe del monitoreo efectuado en 11 canales de televisión con señal nacional.
Ruth Hidalgo, directora de esa organización, anunció que se contabilizaron 357 spots en la primera semana de campaña. Entre ellos existen videos de instituciones del Gobierno central, de municipios y de otras entidades del Estado.
Además, Participación Ciudadana detectó dos presuntas infracciones al artículo 219 del Código de la Democracia.
Según Hidalgo, estos videos corresponden a publicidades del Municipio de Guayaquil, que promocionan al alcalde Jaime Nebot. También se documentaron cuñas de la Presidencia de la República, con el nombre del mandatario Lenín Moreno. Hasta el cierre de esta edición, la Secom no se pronunció al respecto. Hidalgo exhortó al CNE que se notifique a estas dos autoridades el presunto incumplimiento.
Otra infracción que contempla la Ley tiene que ver con la promoción de la imagen de una persona que no esté candidatizada. Esto ocurre en algunos carteles de un movimiento que incluye el rostro del expresidente Correa. La normativa prohíbe la entrega de regalos o dádivas en recorridos proselitistas. La campaña electoral terminará el 21 de marzo.