La región ha combatido a la corrupción en diversos frentes, desde el fortalecimiento de los órganos de justicia hasta la implementación de un gobierno digital y abierto. El esfuerzo es importante, pero aún hay bastante trabajo por hacer.
Así lo señala el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2019) de la CAF titulado ‘Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción’. Los detalles del estudio se presentan el jueves 7 de noviembre del 2019 en la conferencia Gobernanza, integridad y transparencia para el desarrollo, que se realiza a propósito del 50º aniversario del organismo multilateral.
Unas 500 personas –expertos, catedráticos y autoridades de varios países- participan en el encuentro, que será inaugurado por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner.
El tema clave de discusión del encuentro será la corrupción y cómo evitarla.
La corrupción es un fenómeno difícil de medir. Pero según RED 2019, indicadores elaborados por Transparencia Internacional, el Banco Mundial y la propia CAF, evidencian que la incidencia de este problema en América Latina y el Caribe es mayor respecto de regiones más desarrolladas.
De hecho, una encuesta que efectuó la CAF en el 2018 muestra que el 23% personas en ciudades de la región declaró que en el último año algún funcionario le pidió coimas para agilizar un trámite.
En todos esos indicadores, Ecuador está cercano o ligeramente por encima del promedio en la región. Los peores calificados son Bolivia, Venezuela, Nicaragua y México. Las excepciones son Chile, Costa Rica y Uruguay, donde la percepción de corrupción es menor.
El estudio RED 2019 plantea algunas claves para enfrentarla. Una es mejorar las reglas y control a la función pública. Otra de las raíces del problema es la atribución de un funcionario para tomar decisiones de forma discrecional.
Los mecanismos de control previo (como protocolos y reglas objetivas) pueden ayudar a prevenir la corrupción. Además, se deben fortalecer los controles posteriores a través de los órganos de justicia. Según el documento, la mayoría de personas en la región cree que las cortes no castigan la corrupción de forma suficiente.
Otras herramientas son la simplificación y la digitalización de trámites. De hecho, en los lugares donde los trámites toman más tiempo, las personas tienen una mayor percepción de que los sobornos ayudan a agilizar procesos.
Otra de las acciones que se deben fortalecer en la región son los procesos de ingreso de funcionarios al sector estatal, que debe ser por méritos. Además, se recomienda fortalecer los sistemas de carrera profesional y disminuir la incorporación de personal bajo contrato ocasional.
El informe menciona, también, que para que los ciudadanos puedan ejercer un rol ‘contralor’ es clave que tengan acceso a la información sobre el accionar de los funcionarios, capacidad para reconocer actos de corrupción y reaccionar ante ellos.
Este último aspecto es un reto en la región. De acuerdo con los datos de la ECAF 2018, realizado por la CAF en 10 capitales sudamericanas, una tercera parte de los individuos no reconoce como actos de corrupción hechos de tráfico de influencias o negociaciones incompatibles con la función pública.
Además, el estudio menciona factores que aumentan la permisividad de las personas hacia la corrupción, como la percepción de que el funcionario es competente; es decir, que “aunque roba hace obras”, la afinidad política o ideológica, entre otros.
Como ejemplo, el ECAF 2018 detalla que 23% de consultados no calificó como un acto de corrupción que un alcalde adjudique contratos “a dedo”.
Un mayor nivel de transparencia se debería traducir en menores niveles de corrupción, dice el documento. De ahí que los países necesitan canales accesibles de reclamo y denuncia que no están disponibles en todos los países.
Las leyes de acceso a la información pública son instrumentos útiles para fortalecer la participación de la gente. En América Latina 16 países tienen estas normas, entre ellos Ecuador, en el 2004.
Un reto en este tema es la complejidad del aparato estatal, que suele tener multiplicidad de entes y agencias, esto deriva en procesos tediosos que impiden el acceso a datos.
El informe, además, analiza el impacto de los mecanismos que el sector privado puede usar para incidir en procesos de decisión pública. El principal mecanismo es el soborno.
La tipificación de este delito es un paso importante, pero debe complementarse con la sanción a empresas por actos de corrupción.