La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para México (CIDH), Esmeralda Arosmena (d), en la escuela para maestros de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero (México). Foto: EFE
Un mecanismo especial creado para dar seguimiento al caso de 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en 2014 presentó un informe sobre las deficiencias y pendientes de la investigación, en vísperas del cambio de Gobierno en México.
Representantes del mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaron hoy, 3 de septiembre del 2018, la escuela rural de formación docente de Ayotzinapa, donde estudiaban los jóvenes, para presentar el documento con los pendientes del caso.
“En este informe preliminar hacemos un recorrido de estos cuatro años de estos hechos trágicos“, dijo Esmeralda Arosemena, relatora para México de la CIDH.
La presentación tiene lugar cuando faltan tres meses para que deje el poder el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo Gobierno llevó adelante las cuestionadas investigaciones.
Arosamena dijo que el informe, que ya se presentó en Washington y cuya versión definitiva estará lista en noviembre, es al mismo tiempo un ejercicio de memoria para mantener vivo el caso.
“Su objetivo es memoria. Recoger en memoria lo que hemos estado exigiendo y demandando”, dijo la relatora, en vísperas de cumplirse el 26 de septiembre cuatro años de la desaparición de los estudiantes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) asisten hoy, lunes 3 de septiembre de 2018, a la escuela para maestros de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero (México). Foto:EFE
Al mismo momento, en Ciudad de México, Peña Nieto daba su último informe de Gobierno sin mencionar el caso, aunque sí lo hizo en los últimos días para defender la actuación de la Fiscalía.
El presidente electo, el opositor Andrés Manuel López Obrador, prometió durante su campaña que crearía una comisión de la verdad para indagar el paradero de los jóvenes. Peritos independientes rechazan, a partir de sus propias indagatorias, la versión del Gobierno actual de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero, una afirmación que en los últimos días fue revivida por Peña Nieto.
En la reunión con las familias de los jóvenes estuvieron por parte del mecanismo también Paulo Abrao y Luis Ernesto Vargas, comisionado de la CIDH.
Asimismo asistieron el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González.