Redacción Judicial
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Una hora con 37 minutos. Ese tiempo transcurrió en la Clínica Pichincha desde que la francesa Charlotte Mazoyer ingresó a Emergencias, a las 20:09, hasta que fue intervenida quirúrgicamente, a las 21:46.
Francisco López, director ejecutivo de la Clínica, aseguró ayer que en ese tiempo se hicieron “todos los exámenes necesarios para tomar una decisión quirúrgica”. Eso implicó radiografías, exámenes de laboratorio y la elaboración de una solicitud para adquirir sangre, sostuvo.
Mazoyer fue atacada el sábado 12 de septiembre en el exterior de su lugar de residencia, en Guápulo. Según testigos, un desconocido le disparó y luego escapó del lugar en un taxi amarillo.
López reseñó que un grupo de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito trasladó a la joven de 27 años hasta su área de emergencia. El cuadro clínico que presentó era crítico.
“Las heridas producidas por la o las personas comprometieron órganos vitales como pulmón izquierdo y derecho, diafragma e hígado. También se detectaron dos perforaciones en el corazón”.
Precisamente por la gravedad de las heridas, el padre de Charlotte, Bernard Mazoyer, considera que el tiempo que demoraron en atender a su hija “le quitó toda esperanza de vida”.
Según amigos de la joven, la intervención se tardó porque el día del ataque la casa de salud exigió una garantía económica. Pero el Director Ejecutivo del Hospital de Clínicas Pichincha lo desmiente: “Es mentira, no se pidió como requisito previo”.
Los amigos de Charlotte sostienen que una mujer prestó su tarjeta de crédito para que atendieran a la joven, al enterarse que estaba entre la vida y la muerte y no contaba con familiares en el país. Ayer, los representantes de la clínica dijeron que “no darán más precisiones a la prensa”.
Pero sí deberán hacerlo ante la Defensoría del Pueblo, que el lunes abrió un expediente contra la Clínica. Desarrollará una investigación para conocer si hubo o no negligencia médica.
El oficio de la Defensoría llegó al representante legal de la casa de salud. Allí se solicitó que “conteste, informe y remita la documentación pertinente del caso, en máximo ocho días”.
Este pedido, según López, se tramitó ayer. La Defensoría requirió copias de los exámenes médicos y de la hoja clínica de Charlotte.
“Seguiremos listos y prestos a colaborar con la justicia, por lo que, públicamente, nos comprometemos a abrir una vez más las puertas de esta institución a las autoridades que así lo requieran”, dijo el Director del centro médico.
Aunque molesto también alertó: “Nos reservamos el derecho a iniciar todas y cada una de las acciones legales que nos asista, a consecuencia del daño al cual hemos sido víctimas”.
Pidió a las autoridades que concentren sus esfuerzos en detectar a los responsables del ataque, en lugar de señalar a los médicos que atendieron a la ecóloga. “La realidad de los hechos es el acto criminal que acabó con la vida de Charlotte. Expresamos nuestras condolencias públicas”.
La joven francesa llegó a Ecuador en 2006 y trabajó como investigadora en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Francia (IRD).
Hasta antes de su muerte desarrollaba un trabajo sobre la biodiversidad en la altura. Sus amigos la recuerdan alegre y tranquila, “incapaz de hacerle daño a alguien”. Este año terminaba su contrato con el IRD, pero decidió quedarse por dos años en el país. Tras el crimen, el Consulado de Francia repatrió su cuerpo.
La Fiscalía aún busca pistas para esclarecer el crimen, junto a la Policía Judicial de Pichincha e investigadores franceses (forenses y policías), del Consulado.