El Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón, de 254 MW de potencia, comenzó en el 2007 con la constructora brasileña Odebrecht. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Las investigaciones judiciales ahora lo confirman: Odebrecht pagó sobornos por acelerar la adjudicación del Proyecto Toachi-Pilatón a su favor.
En diciembre del 2016, la Justicia de EE.UU. inicialmente reveló que la constructora brasileña montó un esquema ilícito en Ecuador desde el 2010, pero ahora, tras el llamamiento a juicio a Alecksey Mosquera, la Fiscalía General asegura que la empresa ya ejecutó prácticas ilícitas desde el 2007.
En ese año, directivos de Odebrecht activaron los primeros acercamientos con funcionarios ecuatorianos, uno de ellos Mosquera, entonces titular del Ministerio de Energía.
El millón de dólares que Odebrecht aparentemente le pagó al exministro, a través de cuatro depósitos, coincidió con el “cronograma de desembolsos que Hidrotoapi” hizo a la constructora para que iniciara los trabajos de la central, según las investigaciones de Fiscalía.
Hidrotoapi es la compañía que suscribió el contrato con Odebrecht para construir la hidroeléctrica, por un monto de USD 470 millones. El acuerdo se firmó en diciembre del 2007.
De ese valor, Hidrotoapi solo pagó USD 112 millones, porque en octubre del 2008 Odebrecht fue expulsada del país. Antes de irse, la compañía devolvió alrededor de USD 98 millones, que todavía no ejecutaba.
Estos detalles fueron analizados por la Contraloría, a través de un examen especial suscrito en septiembre del 2008.
El organismo de control detectó que el anticipo de 112 millones se hizo antes de la fecha del inicio de la construcción de la obra, contraviniendo la cláusula 16 del contrato.
En el informe, la Contraloría aseguró que hasta la fecha de corte del examen especial (15 de septiembre del 2008) solamente se habían ejecutado trabajos preliminares relacionados con los accesos a las obras de las presas, túneles, etcétera.
“Por lo tanto, han transcurrido siete meses desde la fecha de cancelación del anticipo y no se ha dispuesto la orden de inicio de los trabajos, por lo que este monto fue entregado incumpliendo el contrato”, señaló la Contraloría, en el 2008.
Sin embargo, el organismo de control -en ese entonces liderado por Carlos Pólit (hoy prófugo en Miami por la trama Odebrecht)- solo hizo recomendaciones. Pidió, por ejemplo, que para “futuros contratos” el anticipo se cancelara solo si se cumplían todas las cláusulas del convenio.
Además, se recomendó al gerente y al asesor jurídico de Hidrotoapi que “tomen todas las acciones necesarias” para recuperar el anticipo entregado, tomando en cuenta que a septiembre del 2008 Odebrecht negociaba la terminación del contrato, debido a la expulsión que dispuso el Gobierno.
En el examen, la Contraloría no halló ninguna irregularidad en contra de Mosquera.
En ese entonces, como defensa, Hidrotoapi remitió oficios a la Contraloría señalando que el anticipo se efectuó de forma legal y en “beneficio” de dicha empresa, de la provincia de Pichincha y del país.
La entidad también indicó que la entrega de esos USD 112 millones iniciales no causó “perjuicio económico alguno”, porque el anticipo estaba respaldado a través de garantías de buen uso de ese dinero.
Y añadió que el pago incluso generó un ahorro para la entidad.Estos detalles, que constan en el informe de Contraloría, no fueron mencionados en la audiencia preparatoria de juicio en contra de Mosquera. En esa diligencia, el fiscal general Carlos Baca solo advirtió que el millón de dólares está relacionado con Toachi-Pilatón. Y advirtió que en este caso se indaga un delito de lavado.
Para corroborar este posible delito, Baca presentó 17 indicios en contra del exministro, en los que se evidencia el pago del millón de dólares y el uso del dinero en maquinaria.
Otros dos exámenes
En marzo del 2012, la Contraloría finalizó un segundo examen especial a la construcción de Toachi-Pilatón. Esta vez, el organismo analizó el contrato que Hidrotoapi suscribió con la empresa china CWE, en diciembre del 2010. Esta firma asiática se hizo cargo de la construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica, por un monto de USD 240,8 millones.
La entidad de control concluyó que hubo retrasos en la entrega de terrenos, la contratista no incorporó al proyecto el personal técnico principal, demoras en el avance del proyecto e incumplimientos de CWE en temas medioambientales.
En otro informe (de marzo del 2013), la Contraloría halló similares irregularidades y dispuso multas por USD 3,25 millones en contra de la empresa asiática, que ya han sido pagados según las autoridades.
La Fiscalía también rastrea a la compañía china por su trabajo en la hidroeléctrica. Ayer, investigadores señalaron que ya han recopilado documentos relacionados con informes económicos de la compañía extranjera. Bancos locales y la Unidad de Análisis Financiero (Uafe) ya han entregado datos.
Hasta noviembre del año pasado, la construcción de la central tenía un avance del 95,06%. En diciembre del 2017 se cumplieron siete años de la firmadel contrato inicial.
Carlos Pólit
Dirigió la Contraloría entre el 2007 y el 2017. Fue reelegido para un periodo de cinco años con 95 puntos sobre 100. Renunció tras el escándalo de Odebrecht.