Así permanecían ayer los exteriores de la cárcel regional de Cotopaxi, en Latacunga. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO
El ataque se perpetró con cuchillos. Todo ocurrió en el pabellón de mínima seguridad de la cárcel de Cotopaxi. La noche del martes 15 de diciembre del 2020, agentes levantaron de ese sitio cinco cadáveres que dejó un “ajuste de cuentas” entre grupos mafiosos.
Un cuerpo yacía en el patio, otro en el pasillo y tres dentro de una celda. Estos detalles se conocieron ayer, cuando las cosas se tranquilizaron un poco en este centro carcelario.
Las víctimas pagaban condenas desde el 2019, cuando fueron capturados por el aterrizaje de una avioneta en los terrenos de la Refinería del Pacífico. Para entonces, se hablaba de nexos con cárteles de México.
Por eso se los llamaba ‘mexicanos’ y la Policía asegura que quienes se enfrentaron son miembros de dos organizaciones internacionales que posiblemente salieron de ese país.
Hoy, cuatro internos son investigados por esta nueva violencia desatada a nueve días de que en Esmeraldas fueran asesinados otros seis reclusos.
En esa ocasión, los atacantes buscaban el control total del centro, en donde están identificados 10 grupos criminales.
Inteligencia Penitenciaria monitorea el movimiento de los internos en Cotopaxi y en Esmeraldas. Existen alertas sobre más enfrentamientos, que en este año han dejado 50 muertes violentas en las celdas.
La idea ahora es trabajar más con los servicios de Inteligencia, para frenar a las mafias.
El 19 de octubre, la Corte Constitucional instó al Presidente de la República a que no recurra de forma reiterada al régimen de excepción para hacer frente a la situación del sistema de rehabilitación social.
Desde el 2019 se han emitido dos declaratorias. La última finalizó en noviembre pasado, y la violencia aumentó.
Al menos USD 1,03 millones se usaron para la adquisición de equipos que permitieran reforzar la seguridad (uniformes, candados y cámaras, radios y repetidoras, armas no letales, mochilas tácticas).
Tras los hechos reportados en Cotopaxi, el Servicio de Rehabilitación reconoció que la falta de guías no permite atenuar de inmediato estos
amotinamientos violentos.
Actualmente operan unos 1 500 celadores para una población que bordea los 39 000 presos. Los estándares internacionales establecen que para la realidad de Ecuador se necesitan al menos 4 600 agentes.
Este mes comenzó un nuevo proceso de selección de personal penitenciario. La próxima semana se tomarán las pruebas físicas y médicas.
El anterior reclutamiento, que se inició en agosto del 2020, fue suspendido por falta de recursos económicos.
Guías de Cotopaxi contaron que ocho de ellos intentaron contener a 330 presos amotinados. Cuando las cosas se agudizaron llegaron cuatro más,
uno de ellos resultó herido.
“El envase de gas se acabó en menos de cinco minutos. Las compañeras corrieron a la zona de seguridad y nosotros a las puertas, para evitar que salgan los presos. Nos lanzaron de todo”, contó uno de los agentes penitenciarios.