Los candidatos presidenciales Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) hablan de la Ley de comunicación. Fotos: Archivo/ EL COMERCIO
El compromiso de los presidenciables Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (alianza Creo-PSC) con la libertad de expresión y prensa en el país tiene sus matices.
Aunque en sus planes de gobierno no abordan las recomendaciones hechas al país por organismos internacionales, por ejemplo para despenalizar la calumnia, ambos reconocen a la libertad de expresión como un derecho humano.
Sin embargo, Arauz habla de sancionar la “injerencia mediática” en la administración de justicia; mientras que Lasso plantea la derogatoria de la Ley Orgánica de Comunicación, al calificar de “barniz” a las reformas en el Gobierno actual.
Susana Piedra, expresidenta de la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), se lamenta de que estas libertades no fueran lo suficientemente debatidas en la campaña, y menciona que aún hay varios periodistas que enfrentan procesos judiciales por publicaciones.
Piedra también señala que entre los temas pendientes está concretar la conformación de una instancia que proteja los derechos de los periodistas y asegurar el acceso a la información pública.
El académico José Rivera dice que “es importante garantizar el derecho de una comunicación transparente, libre y democrática”, ya que es un “tema sensible”.
‘Libertad de expresión en el marco de los DD.HH.’
Andrés Arauz
Candidato presidencial Unes
A diferencia de su mentor Rafael Correa y de muchos de sus seguidores más radicales, el presidenciable de Unes, Andrés Arauz, maneja un discurso de campaña mesurado en cuanto a libertad de prensa y expresión.
“Creo que la libertad de expresión es un derecho humano y como tal tenemos que respetarla”, manifestó en un conversatorio el 22 de marzo.
Consideró que “el marco de los derechos humanos tiene que ser suficiente y amplio para que los medios de comunicación puedan desenvolverse en ese espacio”.
Además, sostuvo que “los códigos deontológicos, las prácticas que tienen los medios, deben sujetarse a un marco de respeto a los derechos humanos y a partir de allí creo que podemos avanzar como sociedad”.
Arauz recordó que hay otros derechos que deben respetarse, como la honra, el buen nombre; y que no se promuevan el odio, la xenofobia, el racismo, el machismo.
“Si nos manejamos en el marco de los derechos humanos, pues la comunicación y la libertad de expresión podrán desenvolverse sin ningún inconveniente”, insistió.
En una entrevista para EL COMERCIO, Arauz se mostró contrario a decisiones de Correa como el haber promulgado un decreto que derivó en el cierre de organizaciones como la Fundación Pachamama y la UNE.
En su plan de gobierno, no alude a la Ley de Comunicación, pero sí a otras acciones como “sancionar la injerencia mediática, de instituciones o funcionarios públicos, sobre los operadores judiciales”, sin ahondar en detalles.
Además, en el documento sostiene que “es imprescindible considerar también que la concentración monopólica de los medios de comunicación puede quebrantar la diversidad de opiniones e inducir estereotipos culturales o limitar el ejercicio de la libertad de expresión”.
Puntualiza que “se vuelve necesario promover una serie de políticas que incentiven la diversidad y pluralidad del intercambio cultural y el fomento de la libertad de expresión y del acceso a la información como condición para los procesos democráticos”.
‘La Reforma a la ley de comunicación fue barniz’
Guillermo Lasso
Candidato presidencial Creo-PSC
Las reformas que se hicieron a la Ley de Comunicación en el gobierno de Lenín Moreno no satisfacen a Guillermo Lasso, de la alianza Creo-PSC.
El presidenciable dice que esta norma debe ser derogada y que ciertos elementos a los que califica de positivos, como la promoción del trabajo artístico y cultural de los ecuatorianos, pueden constar en un nuevo cuerpo legal.
“Una Ley de Comunicación como la originalmente aprobada es inaceptable”, manifestó Lasso, al considerar que en el Gobierno actual solo se le dio un “barniz” al haber eliminado la figura de servicio público y la Superintendencia de Comunicación.
En un conversatorio con el colectivo Red de Periodistas Libres, dijo que cree en una democracia liberal, con independencia de poderes, y “también en una prensa libre, independiente, en un periodismo investigativo como contrapeso del poder”.
Durante un debate presidencial, Lasso aludió a muchas personas que fueron perseguidas durante los 10 años de mandato de Correa por ejercer este derecho.
De hecho, como principal objetivo en el plan de gobierno de la alianza Creo-PSC consta: “Establecer una plena democracia regida por el Estado de derecho, donde funcionen las instituciones y se respete la libertad”.
A su vez, en el documento detalla por lo menos cuatro mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: institucionales, directos, electrónicos y comunicacionales.
En el documento contempla la fiscalización de la ciudadanía a las actuaciones de los funcionarios del Ejecutivo, y alude a reuniones, mesas de trabajo, comisiones y asambleas, cuando las personas así lo requieran.
Contempla la difusión de las actividades y presupuesto a través de los medios tradicionales de comunicación masiva, como prensa televisiva, radial y escrita, así como el empleo de medios alternativos de internet, páginas institucionales y redes sociales.
Un informe de la Defensoría del Pueblo ubica al Ejecutivo como la función que más pedidos de información recibe.