Líderes de la Conaie y un grupo de personas realizaron una toma simbólica del monumento a la Reina Isabel La Católica en protesta por la conquista española el lunes 12 de octubre del 2020. En el lugar se registraron enfrentamientos con la Policía. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO
A un año de las protestas sociales en Ecuador en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles en octubre del 2019, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) hace un “llamado a mantener la paz social, la seguridad, el orden democrático, al cumplimiento irrestricto de la ley” este martes 13 de octubre del 2020.
En un comunicado, el gremio -representante del sector productivo del país- se refirió, además, a los hechos registrados la mañana del lunes 12 de octubre. Entre consignas y actos simbólicos por la memoria de las víctimas registradas en el contexto de las protestas, mujeres y hombres de las comunidades indígenas, disidencias sexuales y activistas intervinieron el monumento de la reina Isabel La Católica, en la intersección de las avenidas 12 de Octubre y Madrid, en el centro-norte de Quito.
Los manifestantes prendieron fuego a la base del monumento, mientras intentaban derribarlo con cuerdas. Agentes policiales los dispersaron con bombas lacrimógenas. Los colectivos, en cambio, respondieron lanzando pintura roja.
La acción se realizó en contra de la conmemoración del Día de la Raza, pues las comunidades indígenas rechazan la personajes coloniales en el país: su asentamiento en los territorios significó la masacre de los pueblos nativos del Abya Yala. Intervenciones similares se ejecutaron en países como Bolivia, cuando activistas vistieron con una falda andina a otra estatua de la reina Isabel La Católica.
Frente a lo ocurrido, la CIP dice que “confiamos en el cumplimiento del deber del Gobierno Central, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de las autoridades locales”. Asimismo, la organización añadió: “rechazamos enérgicamente los actos de violencia. La sola pretensión de imponer ideas y creencias a través de la fuerza y agresión a la propiedad privada y pública debe ser censurada por la ciudadanía y sometida de manera inmediata a las autoridades judiciales pertinentes”.
Además, exige al alcalde de Quito, Jorge Yunda, “una acción frontal de defensa a los bienes privados y públicos de la Capital de la República, Patrimonio Cultural de la Humanidad”.
“Demandamos a la Fiscalía General del Estado y al poder judicial para que agiliten los procesos de investigación en contra de los autores materiales e intelectuales de los destrozos y la violencia de 2019, que constituyen flagrantes violaciones al ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador”, añadió la Cámara en el documento.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se deslindó de los actos violentos ocurridos en octubre del 2019 y la mañana de ayer, junto con la Asociación de Víctimas del Paro Inocencio Tucumbi, interpusieron una demanda contra el Estado por delitos de lesa humanidad.
La Cámara informó, además, sobre 30 000 empleos que se perdieron en Ecuador entre octubre del 2019 y marzo del 2020. Para la entidad, es
“indispensable trabajar de manera conjunta entre los distintos sectores sociales, para levantar juntos al Ecuador y garantizar la paz y la seguridad que la ciudadanía necesita para salir de la crisis, generando un verdadero ecosistema de bienestar”. Para ello, la CIP insta a la sociedad del país a mantener el diálogo.