El proyecto de la Ley de Defensa de la Dolarización fue negado otra vez

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) volvió a negar a trámite el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización enviado por el Ejecutivo. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) volvió a negar a trámite el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización enviado por el Ejecutivo. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) volvió a negar a trámite el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización enviado por el Ejecutivo. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) no calificó el proyecto de la Ley de Defensa de la Dolarización este lunes, 1 de marzo del 2021, por temas de fondo.

Con cuatro votos a favor de siete miembros, se decidió no calificar y devolver el proyecto por ser inconstitucional. La decisión se basa en un informe de la Unidad Técnica Legislativa.

Esta es la segunda vez que el Legislativo devuelve el documento al presidente de la República, Lenín Moreno. La primera ocasión fue el pasado 10 de febrero, allí se indicó que la devolución fue por problemas de forma.

En esta oportunidad, según confirmó la legisladora Ana Belén Marín, el proyecto tiene 14 inconstitucionalidades. “No permitiré que una ley que, por más compromisos que se tenga con organismos internacionales, transgreda la constitución”, dijo Marín.

Además, la asambleísta agregó que con el proyecto se pretende privatizar al Banco Central del Ecuador (BCE). Según dijo, el Presidente de la República tiene competencias para designar autoridades en la Junta Monetaria y Financiera y el BCE, pero ahora se pretende quitarle esa facultad y que eso lo asuma la Asamblea.

Uno de los objetivos del proyecto de Ley es dotar de autonomía técnica al Banco Central del Ecuador (BCE) para evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado. De esta manera se busca proteger los recursos del sector público, y sobre todo de los ciudadanos, que se encuentran depositados en el BCE.

La propuesta legal dota de un Directorio al BCE conformado por cinco miembros, que serán profesionales técnicos y especializados en asuntos monetarios y financieros, y sin conflicto de intereses. El Presidente de la República será quien proponga a los candidatos y le corresponderá a la Asamblea Nacional nombrarlos

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