El informe atribuye las protestas de octubre de 2019, en parte, a la insatisfacción democrática. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
En un año y 19 días, los ecuatorianos volverán a las urnas para elegir a sus representantes tanto en el poder Ejecutivo como en el Legislativo. El proceso eleccionario supone un reto, tanto para los candidatos que aspiran a llegar a esos espacios de poder, como para las instituciones que deben salvaguardar la voluntad popular.
La razón principal es que la gente apoya cada vez menos al sistema político ecuatoriano. En el 2016, la satisfacción con la democracia en el país era del 52,1%. En el 2019, cayó al 38,7%.
El apoyo al sistema político pasó de 55,3 puntos en el 2016, a 52,1 en el año anterior.
Los datos se desprenden del Barómetro Cultura Política de la Democracia en Ecuador y en las Américas 2018-2019, presentado durante la primera semana de febrero del 2020.
Según el documento, los partidos y movimientos políticos son las instituciones con el menor nivel de confianza, registrando una valoración de 32,4 sobre una escala de 100.
Esta percepción no ha impedido que el número de tiendas siga en aumento. En el Consejo Nacional Electoral, actualmente existen 283 organizaciones políticas con personería.
En contraposición, las Fuerzas Armadas reciben la valoración más alta: 71,2, ubicándose en primer lugar. El segundo escalón lo ocupa la Policía Nacional, con un grado de confianza de 55.
En el Barómetro, efectuado con el aval de la Universidad de Vanderbilt, se evidencia una disminución de 13 puntos porcentuales en la confianza hacia el Presidente de la República, comparado con la última ronda del estudio, correspondiente al 2016. Asimismo, hay un descenso en la valoración de la Asamblea Nacional.
Para el estudio se efectuaron 1 533 entrevistas en 51 cantones del país. El margen de error de las encuestas es de +/- 3%.
Arturo Moscoso, uno de los académicos que participó en la elaboración del informe, explicó que tres de cada cuatro ecuatorianos no están satisfechos con lo que recibe en democracia. Aclaró que existen variables como la inseguridad, la crisis económica y la falta de empleo, que inciden en esta valoración negativa recogida en el texto.
Otro indicador clave, según Moscoso, se relaciona con la intolerancia política y un “conservadurismo” latente, sobre todo en grupos de mayor edad.
Esta desafección con la democracia puede provocar que la gente busque otros caminos para hacerse con el poder.
En el Barómetro se explica que la tolerancia a golpes de Estado militares ha ido en franco ascenso en Ecuador, desde el 2014.
La gente justifica estos actos antidemocráticos, en situaciones de alta delincuencia o corrupción generalizada.
El politólogo y catedrático Simón Pachano también colaboró en el estudio. Calificó como “preocupante” la posibilidad de que la gente apoye un gobierno de corte autoritario, ante la insatisfacción económica y la desconfianza en las instituciones del Estado. “Las cifras demuestran un malestar generalizado”, manifestó.
El riesgo latente es que la gente pida un Gobierno “de mano dura, menos permisivo; un Bolsonaro, que caería en el autoritarismo”, opinó.
El estudio arroja otro dato revelador: Ecuador es el cuarto país de Latinoamérica y el Caribe más tolerante a la corrupción. La práctica se percibe como un problema generalizado.
El 88,1 % de los encuestados cree que, al menos, la mitad de los políticos está involucrado en ilícitos de este tipo.
Y el 26,6% de los participantes confesó haber sido víctima de algún acto de corrupción durante el último año.
Moscoso y Pachano creen que la contradicción de criticar la corrupción política, pero tolerarla en la esfera pública cotidiana es un mal síntoma.
Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, ve un panorama complejo para los comicios del 2021. En principio, debido a que la tolerancia a la corrupción distorsiona el sistema democrático y abona en la desconfianza hacia las instituciones estatales.
Además, señaló que la valoración negativa hacia los movimientos impide que mejores perfiles entren en política.
Dayana León, consultora electoral, comentó que debido al desencanto con la democracia y a la deslegitimación de la política, la gente evita involucrarse en asuntos públicos.
Por ello, consideró necesaria una corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía para recuperar la institucionalidad.