La gobernadora, Cecilia Angulo, presidió la reunión del sábado en San Lorenzo. Foto: Cortesía Gobernación de Esmeraldas
Con operativos continuos en San Lorenzo, y atención social y laboral a la población, se espera ejercer un mayor control para combatir la minería ilegal en esta zona del norte de Esmeraldas.
Con ese propósito se conformó el fin de semana una Mesa Sectorial de Seguridad donde se trazó una hoja de ruta que incluye una evaluación permanente en sectores como Los Ajos. La idea es evitar que lo ocurrido el miércoles pasado en una mina ilegal se repita.
Tras la reunión se aprobaron 23 resoluciones con recomendaciones a diferentes instituciones estatales. Cecilia Angulo, gobernadora de Esmeraldas, explicó lo necesario de un trabajo conjunto para repartir responsabilidades.
Por ejemplo, se encargó al Ministerio de Energía y Minas que dirija jornadas de capacitación a las juntas parroquiales y tenientes políticos de la zona. También que dé seguimiento a los permisos de compra y transporte de combustible.
De la misma manera se pidió coordinación con las entidades de seguridad, Policía y militares -y el ECU911- para que las cámaras de esta entidad se enfoquen en maquinarias que están en lugares de ingreso a sectores de minería ilegal.
John Game, delegado del Ministerio de Gobierno al Consejo de Minería (Cecmi), coincidió en que la respuesta ante la minería ilegal debe ser regional y nacional. “Muchas veces la actividad se registra en una provincia, pero los recursos se lavan en otras”.
Según Game, hay cuatro aspectos que influyen en el desarrollo de esta actividad en el país. El primero es internacional y se relaciona a los altos precios del oro que se registran desde hace siete años.
El segundo factor es regional. Por ejemplo, señaló que la persona que invierte para abrir una boca de mina es de un país, el operario de la maquinaria es de otro y los obreros, de una tercera nacionalidad.
El tercer aspecto, sostiene Game, es nacional. Ecuador posee reservas de oro en provincias del norte y del sur y que, a excepción de Zaruma y Portovelo, están en zonas de difícil acceso y de control.
El último factor es local. La minería también mueve una economía informal de subsistencia. Es decir, que negocios locales proliferan por la venta de comida, insumos, maquinaria. Esto ya se vivió en la parroquia de Buenos Aires, en Imbabura, donde se crearon ciudadelas cerca de las minas, en medio de las montañas.
“Mueve tanto dinero que existen grupos de delincuencia transnacional que están atrás de esto. Hay gente armada, estructuras de seguridad”, señaló Game.
Desde el Ministerio de Ambiente ya se anunciaron más evaluaciones a las afectaciones en San Lorenzo. Una primera visita se cumplió el viernes pasado en la que se identificó la contaminación de fuentes hídricas, y la tala de al menos 15 hectáreas de bosque primario. Para esta semana se esperan más controles.
La Mesa de Seguridad pidió a esta Cartera que presente un programa de remediación ambiental que incluya la recuperación a esas fuentes de agua.