El gobernador de Azuay, Xavier Martínez (centro), recibió al Defensor Pública y a la Cónsul de Argentina en Guayaquil. Foto: Cortesía Gobernación de Azuay
La tarde de este jueves 17 de octubre del 2019, las autoridades de la Defensoría Pública y del Consulado de Argentina en Ecuador buscaron información en la Gobernación de Azuay sobre el paradero de un joven argentino que fue detenido en Cuenca durante el toque de queda.
Se trata de Federico Molina, de 34 años, de Florencio Varela, Argentina, quien fue arrestado la madrugada del jueves 10 de octubre del 2019 por violar el toque de queda dentro del Estado de Excepción decretado por el presidente de la República, Lenín Moreno.
Su novia –de nacionalidad alemana- contó que estaban con otros amigos casi en la puerta del hostal que se hospedaban, ubicada en el Centro Histórico de Cuenca, cuando un grupo de policías los arrestaron, los subieron al patrullero y se los llevaron.
Ella no fue detenida y avisó del hecho a la familia de su novio. Al día siguiente presentaron el recurso de Hábeas Corpus para que sea liberado, pero éste fue negado. Las autoridades de justicia solicitaron a los familiares que presenten el certificado de antecedente penales.
El gobernador de Azuay, Xavier Martínez, dijo que en el marco del respeto de los Derechos Humanos coordinaron las acciones para determinar la situación legal del ciudadano argentino. El extranjero permanece en el área de infractores del Centro de Rehabilitación Social de Turi.
A ese lugar llegó el Gobernador con representantes de la Cancillería, Consulado de Argentina en Guayaquil y de la Defensoría Pública para constatar el estado de salud y condiciones de habitabilidad del joven extranjero.
También mantuvieron contacto con familiares en Argentina y en el Ecuador para informarle la situación. Para este viernes 18 de octubre del 2019 está prevista la audiencia de este caso. La cónsul Paula Casado dijo que esperan una resolución favorable de su libertad.
El Defensor Público de la regional 6, Mauricio Vázquez, dijo que el recurso de Hábeas Corpus retrasó el proceso del pedido de revisión de las medidas. “Esta acción se aplica para casos de violación de normas y derechos constitucionales y eso no ocurrió. Tampoco la privación de libertad fue ilegal, arbitraria o ilegítima”, dijo Vázquez.