Puerto de El Carmen, Sucumbíos, es una pequeña localidad de 3 000 habitantes que está ubicada al límite fronterizo con Colombia. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Las bombas se colocaron en dos negocios de Puerto de El Carmen, una pequeña localidad de 3 000 habitantes que está ubicada al límite fronterizo con Colombia. Los explosivos fueron descubiertos hace seis días. Uno explotó mientras que el segundo fue neutralizado por personal especializado de la Policía.
Los dueños de los locales comerciales que fueron atacados denunciaron los actos y dijeron que se trataba de “intimidación de un grupo armado”.
Los desconocidos les habrían pedido dinero a cambio de protegerlos de grupos delictivos que operan en esa zona. Esa actividad, en Sucumbíos, es conocida como “vacunas”.
Estos detalles los reveló, el comandante de la Policía de Sucumbíos, Guillermo Ortega.
La mañana de ayer (3 de agosto), él, junto al gobernador, Yofre Poma, convocaron a una rueda de prensa y pidieron tranquilidad a la población de Sucumbíos y de puerto de El Carmen.
Los funcionarios aseguraron que no se trata de grupos militares ni de la guerrilla sino de “delincuencia común”.
Sin embargo, hace 12 días, en la localidad fronteriza, los sospechosos entregaron panfletos en los que se identificaron como Movimiento Revolucionario Alfarista, Comuneros Montañas del Ecuador.
Por eso, las autoridades han iniciado conversaciones para resguardar la zona. Una de las propuestas es incrementar el número de personal policial que vigila puerto El Carmen.
Actualmente, allí trabajan 12 agentes repartidos en tres turnos. La idea es que desde la próxima semana se integren cuatro policías más.
De igual forma, el martes próximo, el Gobernador junto a otras autoridades de la provincia realizarán un comité de seguridad en el poblado que está junto al río San Miguel.
En ese acto pedirán a los habitantes que no tengan miedo y que se tranquilicen. También se busca que las personas denuncien a los sospechosos que los tienen amenazados, pues se conoce que los desconocidos les advierten que de no cumplir con las cuotas mensuales de las “vacunas” pueden ser víctimas de asesinatos o agresiones sexuales.
Hasta ahora, la Policía dice que tiene identificadas a cuatro personas que presuntamente liderarían esos hechos violentos.
Lo que sí conocen es que se refugian en la selva colombiana. Allí tienen campamentos en los que han realizado reuniones con comerciantes de la zona. En esas citas se han pactado los rubros o los víveres que cada persona debe aportar al supuesto movimiento revolucionario. Los montos que piden a los comuneros oscilan entre USD 50 y USD 100.
Todos esos detalles se recabaron por testimonios de los dueños de los locales en donde se colocaron los explosivos, pues según agentes que vigilan en ese sector, “las otras personas están calladas porque les tienen intimidados”.
