Delegados de 360 organizaciones acudieron a la convocatoria para la Asamblea Popular de Guayaquil. El alcalde Jaime Nebot también asistió. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Redacción Guayaquil
La instalación de la Asamblea Popular de Guayaquil, la tarde de este jueves 13 de noviembre del 2014, fue el primer paso para la consulta popular, cuya iniciativa de carácter legal rechaza y frena el alza de los pasajes de la transportación pública, urbana y rural del Puerto Principal.
Delegados de 360 organizaciones acudieron a la convocatoria realizada en la Plaza Rodolfo Baquerizo, junto al Malecón del Salado. Integrantes de 10 de dichas entidades conformarán una comisión que se encargará de darle forma, incluida la elaboración de las preguntas, a la consulta ciudadana.
Desde todos los sectores de la ciudad llegaron personas en medio de proclamas. Pertenecen a gremios clasistas, organizaciones barriales, fundaciones, corporaciones, estudiantes, universitarios, colegios profesionales comerciantes, parroquias rurales…
Yordy Roche, presidente del Gobierno Estudiantil del colegio Vicente Rocafuerte y representante de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), señaló que nunca los transportistas urbanos respetaron la tarifa preferencial e incluso se niegan a cogerlos en sus unidades por lo que no considera justo un alza del pasaje.
En tanto José Guamán, del sector indígena migrante, dijo respaldar esta iniciativa ciudadana porque “demostraremos que Guayaquil sí sabe elegir el camino de la consulta popular, ya que el alza no solo eleva el pasaje con ello todo aumentará”.
Durante su intervención, el alcalde Jaime Nebot explicó que no rehúye responsabilidades, en torno a la polémica con el Gobierno Nacional por las competencias de tránsito. Y que ha asumido muchas competencias y responsabilidades que no eran atribuciones municipales, desafío que hoy en la práctica son modelos exitosos de gestión pública.
Puso de ejemplo la cedulación e identificación, el aeropuerto, el alcantarillado y agua potable, el Cuerpo de Bomberos, el Registro de la Propiedad, Terminal Terrestre, entre otros.
Cuestionó al Gobierno de no querer entregar la competencia de tránsito con los recursos completos, esto es los USD 15’9 millones que era la cifra que entregaba anualmente el Gobierno a los transportistas por concepto de subsidio.
Y es este faltante el que convocó a las organizaciones de Guayaquil para que se pronuncien si están o no de acuerdo con que las contribuciones de las arcas municipales que se utilizan para obras y servicios en beneficio de los ciudadanos se afecten o paralicen, porque de ser el caso esos recursos se destinarían al pago del subsidio que solo beneficia a los transportistas “que es un negocio particular y se brinda al sector público”.
Posteriormente, explicó el procedimiento a seguir. Una comisión donde habrá representantes de todas las organizaciones elaborará las preguntas y, posteriormente, en otra Asamblea Popular se aprobarán las preguntas y con ello se acudirá a la autoridad electoral para reclamar los formularios e iniciar la recolección de firmas para la consulta.
“Firmas habrá de sobra porque el pueblo de Guayaquil sabe lo que es y lo que quiere… Con Guayaquil no juega nadie a la política o a la politiquería”, dijo irónico.