La Asamblea Nacional del Ecuador duplica tareas de fiscalización

Johana Cedeño (AP), presidenta de la Comisión de Fiscalización junto a Eliseo Azuero (centro), vicepresidente. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Johana Cedeño (AP), presidenta de la Comisión de Fiscalización junto a Eliseo Azuero (centro), vicepresidente. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Johana Cedeño (AP), presidenta de la Comisión de Fiscalización junto a Eliseo Azuero (centro), vicepresidente. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Los delegados de los ministros de Estado no suelen ser bienvenidos en las comisiones de la Asamblea, actualmente envueltas en una duplicidad de esfuerzos en control político.

De eso puede dar fe el viceministro del Interior, Patricio Pazmiño, quien acudió el 19 de junio del 2019 a informar sobre la crisis carcelaria en la Comisión de Soberanía e Integración.

Tan pronto lo vieron, asambleístas del correísmo presentaron una resolución que restó peso a su comparecencia, aunque Pazmiño dijo que él tiene a su cargo la información que requerían en la mesa.

Los legisladores Yofre Poma y Augusto Espinosa, de la Revolución Ciudadana (RC), exigieron que sea la ministra del Interior, María Paula Romo, quien acuda con los datos.

Romo comparecerá el próximo martes, mas aclaró que el sistema penitenciario no es una de las responsabilidades directas de su Cartera.

El tema no solo es investigado por esta Comisión, que preside Fernando Flores (Creo), sino por el Grupo Parlamentario para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos, que lidera Marcela Holguín (RC).

Hace tres semanas convocaron al defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Él envió a un delegado debido a que, a la misma hora, tuvo que comparecer por otro tema a la Comisión de Desarrollo Económico.

Pero además hay una tercera instancia: la Comisión de Justicia que tiene en su agenda la fiscalización del sistema de rehabilitación social.

¿La solución? El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), tras reconocer que hay una “duplicidad de comparecencias”, se comprometió a organizar una mesa de trabajo donde las autoridades involucradas con el sistema carcelario presenten un informe.

El problema se repite. Ya sucedió lo mismo con el caso de la ahora exministra Verónica Espinosa, en junio, cuando las comisiones de Fiscalización y de Salud decidieron investigar por separado las denuncias por supuestas irregularidades en la calidad de la atención.

El caso se unificó cuando la asambleísta Mae Montaño (ex Creo) presentó un pedido de juicio político, que es tramitado por la Comisión de Fiscalización. Montaño y Luis Pachala, coordinador de Creo, y Eliseo Azuero, del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), dicen estar satisfechos de que el control político haya tomado fuerza.

Subrayan que esta fue una de las condiciones para la conformación de la coalición de AP, Creo, el Bloque de Integración Nacional y el BADI, que permitió a Litardo haber asumido la Presidencia el 14 de mayo pasado, con 78 votos.

Además de las comparecencias, que se dan con mayor intensidad los miércoles, cuando no sesiona el Pleno, los asambleístas tienen en los pedidos de información otro instrumento de control político.

Solo en los 15 últimos meses que estuvo como presidenta Elizabeth Cabezas (AP), se gestionaron 2 411 pedidos de información, y 1 208 funcionarios públicos acudieron a las comisiones. Además, se tramitaron siete juicios políticos. En el anterior período no se dio paso a ninguno y se puso un filtro a las solicitudes.

Para rendir cuentas a la Asamblea, organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) tienen una ventaja: pueden dividirse cuando son convocados a la misma hora por comisiones distintas.

El 26 de junio pasado, por ejemplo, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, acudió a la Comisión de Fiscalización para presentar un informe sobre el caso Arroz Verde, que se relaciona con supuestos irregulares al movimiento Alianza País (AP).

De manera simultánea en la Comisión de Participación Ciudadana, otros tres integrantes del CNE presentaban sus descargos sobre las denuncias que salpican a José Tuárez, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El asambleísta independiente Raúl Tello, titular de esta Comisión, no descarta plantear una solicitud de juicio político contra Tuárez, luego de que este se negara a proporcionarle información sobre la inscripción de su candidatura para la pasada contienda electoral.

De concretarse, este sería el segundo proceso de este tipo en menos de dos meses de la Presidencia de Litardo.

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