Tres de cuatro proyectos aguardan un informe para el primer debate.
Las reformas para recuperar bienes producto de la corrupción llevan tres años sin concretarse en la Asamblea. Esto provoca críticas del Ejecutivo y de organizaciones de la sociedad civil.
Las propuestas que están acumuladas son cuatro: una presentada por el exfiscal Carlos Baca Mancheno a finales de 2017, y las que entregaron el Ejecutivo y el asambleísta Fabricio Villamar (exCreo), por separado, durante el segundo semestre del año pasado.
A estas se suma la “Ley orgánica de recuperación de capitales”, que presentó la expresidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas (AP), en julio de 2018, que se enfoca en la participación ciudadana, a diferencia de las demás que buscan dar herramientas a jueces y fiscales.
A pesar de que las leyes anticorrupción componen el cuarto eje de la agenda parlamentaria, la mayoría de estos proyectos todavía no llegan ni al primer debate. En el entregado por Cabezas, desde hace 17 meses resta el informe para la discusión final.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Cívica Anticorrupción, duda que esto se concrete en poco menos del año de mandato que le resta al Parlamento. En el anterior periodo tampoco hubo consensos para aprobar una ley de este tipo.
“La Asamblea no ha trabajado contra la corrupción, primero, porque dentro de la propia institución ha habido corruptelas como los diezmos; lo que ha privilegiado son acuerdos políticos que le ha impedido transparentar su actuación”, dijo.
En el Informe a la Nación, el domingo pasado, el presidente de la Legislatura, César Litardo (AP), no aludió a las denuncias que salpican a casi una veintena de legisladores, pero llamó al Ejecutivo a coordinar esfuerzos para los proyectos anticorrupción.
Puertas adentro son dos las comisiones que tramitan los proyectos de extinción de dominio. En relación la Ley que impulsa Villamar, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Raúl Tello, afirmó que en 15 días estará listo el informe para primer debate.
Tello aseguró que esta norma permitirá actuar sobre las propiedades, antes de que el infractor sea condenado, sin vulnerar el principio de inocencia. Agregó que se requerirá de jueces y fiscales especializados.
El proyecto contempla diez causales para la extinción del dominio para aquellos que formen parte de un incremento patrimonial no justificado. “No funciona sobre las personas, sino sobre las cosas”, insistió Villamar.
En la última reforma al Código Orgánico Integral Penal (Coip), la Asamblea aprobó el comiso anticipado, pero esta figura fue declarada como inconstitucional por la Corte Constitucional. Según los legisladores, se trata de mecanismos distintos.
La Ley impulsada por Cabezas también se tramita en la Comisión de Participación, pero Tello anunció que ha recibido múltiples objeciones de inconstitucionalidad.
Los proyectos del Ejecutivo y del exfiscal Baca Mancheno se tramitan en la Comisión de Justicia. Allí también se discute la creación de jueces y fiscales contra la corrupción como parte de las reformas al Código de la Función Judicial.
Cuando entregó el proyecto, el 1 de octubre de 2019, el entonces secretario Anticorrupción, Iván Granda, dijo que solo una sentencia ejecutoriada establece la recuperación de activos.